Aumento de las Dietas: El Ejecutivo a un paso de ganar la pulseada

Politica Escrito por  Lunes, 30 Enero 2017 11:21 tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente 0
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Protagonistas consultó a especialistas en Derecho Administrativo para interpretar si el veto del Intendente tiene validez o es nulo. ¿La ordenanza que permite un incremento de las dietas está vigente? ¿Ocasionó algún perjuicio el Decreto del Ejecutivo? ¿Quién debe resolver esta disputa?

(De la redacción) ¿Es nulo el veto del Intendente? ¿Tiene validez? ¿Cómo continúa y como se resuelve este dilema que definirá si los concejales cobrarán con aumento sus dietas o no? Se presume un camino largo, aunque con mejores perspectivas para el Ejecutivo que para el Legislativo. Desde que comenzó la discusión Protagonistas realizó una serie de consultas para tratar de interpretar en términos administrativos y legales, cuales son las aristas más salientes del tema en cuestión. De allí que una de las fuentes fue un prestigioso abogado, especialista en Derecho Administrativo y Docente Universitario, precisamente de esta cátedra. Con los elementos que nos aportó, más que interesantes por cierto, trataremos de arribar a algunas conclusiones. Para ubicarnos en tiempo recordemos que el HCD aprobó el Presupuesto el día 28 de diciembre, el Intendente vetó el día 30 y el cuerpo notificó al Ejecutivo el 3 de enero. En Derecho Administrativo la nulidad por la nulidad misma no es un aspecto relevante. Es decir que dentro de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Intendente tenía la posibilidad de vetar. Y así lo hizo. ¿Podía hacerlo antes de recibir la notificación? En efecto así procedió. El estado público de las modificaciones de los artículos 12 y 13, generó el desacuerdo del Jefe Comunal y este consideró que no era necesario esperar a ser notificado para vetar. Es decir hizo valer una de sus facultades que además también se encuentra consagrada en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Si bien son aspectos opinables, si la notificación del HCD persigue la finalidad legal de promulgación o el ejercicio de la facultad de veto o la promulgación de hecho de la ordenanza, ¿que impedimento legal tendría el Ejecutivo para ejercer de manera anticipada esa facultad que le otorga tanto la Constitución como La Ley Orgánica? (Art. 195-5º CP – 38 y 108 2º LOM). En apariencias ninguno. Incluso con el veto perdería virtualidad o importancia la comunicación que luego recibió del Concejo, con la que comenzaron a contarse los diez días de plazo. Pero como hemos dicho que es una cuestión opinable, hay quienes pueden interpretar que el Ejecutivo debió esperar la comunicación del HCD para ejercer la facultad de veto. Es decir plantear su nulidad. El abogado consultado sostiene que podría ser nulo siempre que quien pida esa sanción procesal acredite la existencia de un perjuicio relevante. Insistimos en que la nulidad por la nulidad misma no existe en Derecho, sino que debe acreditarse siempre, la afectación de Derechos u Obligaciones. Podríamos preguntarnos entonces cuales fueron los perjuicios provocados por el veto. ¿Provocó daños de orden público? ¿Afectó obras, servicios públicos o cuestiones relacionadas con la educación por ejemplo? La respuesta es No. Las argumentaciones entonces de quienes pidan esa nulidad deberán ser precisas para poder ganar lo que se ha convertido en una pulseada. Siempre que la Justicia no interprete que la conducta del Intendente afectó los ingresos de los concejales y le de la derecha a los legisladores.

Vigencia y Corte

En este contexto por el momento los concejales no percibirán el aumento de la dietas tal como propuso y aprobó por mayoría el bloque de Cambiemos en aquella sesión del 28 de diciembre y el Intendente vetó dos días más tarde. Pues no está definido si la ordenanza está vigente o es válido el veto parcial del Ejecutivo. Es decir rige la redacción anterior al tratamiento de la Ordenanza de Presupuesto, es decir aquello de salario mínimo básico. Los artículos vetados no están vigentes, primero por que existe el veto y segundo por que el HCD no tiene facultades judiciales. La resolución de esta disyuntiva deberá producirla la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Así lo establece el artículo 196 de la Constitución bonaerense. Existe un conflicto de poderes y es un caso para que el máximo tribunal de la provincia lo resuelva. Excepto que el Concejo quiera insistir en la ratificación de la Ordenanza, para lo cual será necesario contar con dos tercios de los votos de los concejales presentes en una sesión que se convoque a tal efecto, hecho que pondrá al bloque de Cambiemos en los umbrales de una derrota legislativa. Sin que parezca un prejuzgamiento, el sentido común nos lleva a concluir en que es altamente factible que el veto del Ejecutivo se considere válido y el aumento de las dietas tenga su retroceso. Pero tampoco nosotros tenemos facultades judiciales como para aseverar que esta historia tendrá ese final.

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