Se concretó una reunión de la que participaron ediles oficialistas y opositores, empresarios, auditores y funcionarios municipales. Se mostró la documentación sobre el proyecto de viviendas en el barrio Soldado Balvidares.
Tras el informe de La Cornisa sobre este hecho que sucedió en Mercedes, hubo un clima de fuerte tensión política. Aseguran que el intendente Ustarroz estaba muy molesto por las acusaciones que allí se expusieron. La participación de dos concejales de Juntos agravó el escenario y dentro del Ejecutivo se consideró como que se estaba rompiendo una relación. De allí que el gobierno municipal, encabezado por el intendente Juan Ignacio Ustarroz y con participación de las áreas correspondientes, convocó a una reunión en la que se expuso ante representantes de los Bloques de la oposición, un informe detallado sobre los trabajos realizados en el barrio Soldado Balvidares en el marco del programa Lotes con Servicios para aclarar todas las dudas generadas luego del informe emitido por el periodista Luis Majul en el canal La Nación+. El concejal de Juntos Martín Bossi, quien había participado del programa de Majul junto con su compañera de Bloque Débora Lacasa, aseguró que ellos nunca hablaron en el informe de malversación de fondos. “Nosotros en el informe no dijimos nada que no fuera cierto. La información que teníamos de lo que se había hecho se la mandamos al periodista. No podemos manejar lo que hace un programa con esa información. Nosotros como concejales nunca hablamos en ese informe de malversación de fondos”, sostuvo el edil.
Cónclave
La reunión que se llevó adelante en el Palacio Municipal contó con la presencia del intendente, representantes de las empresas encargadas de las obras, concejales de la oposición y del oficialismo y auditores. “Hubo respuestas para todas las preguntas planteadas y se clarificó todo lo vinculado al proyecto Lotes con Servicio, que fue foco de atención por una fake news difundida por Majul sin investigación ni seriedad profesional”, se dijo tras la misma. Allí, con los expedientes desagregados, proyección de datos, gráficos y líneas de tiempo, las Secretarías de Obras, de Gobierno y de Desarrollo de la comunidad expusieron un informe completo de la situación. Se puntualizaron ingresos, egresos, gastos y avance de obras y se dio un detalle preciso del dinero que el Gobierno nacional aún adeuda a las empresas. “Pocas veces tuvimos tantas exigencias administrativas como en este trabajo”, dijeron los encargados de las empresas. La reunión fue calificada como “excelente, de gran cordialidad y muy buen clima de trabajo” por todos los participantes y también se avanzó en un compromiso para “pedir en conjunto” ante el gobierno nacional la reactivación de las obras. Las y los ediles de todas las fuerzas no solo tuvieron la documentación y rendiciones aprobadas por las auditorias de SISU (Secretaría de Integración Socio Urbana) y la Universidad Tecnológica Nacional, arquitectos e ingenieros externos, sino pudieron realizar también todo tipo de consultas sobre el proyecto.
Empresas
Las empresas presentes contaron cada detalle de las contrataciones, de los pasos con el Gobierno nacional, e inclusive destacaron que en tantos años nunca habían tenido una experiencia tan rigurosa administrativamente. También explicaron que el pasto sin cortar y la tierra acopiada en el predio son consecuencia de la interrupción de los trabajos decidida por el gobierno nacional: la paralización de la obra pública en todo el país fue una decisión política del presidente Javier Milei apenas asumió. De todos modos, manifestaron su intención de reanudar los trabajos y explicaron el perjuicio económico que les representa seguir pagando pólizas y seguros, además de la deuda que hacia ellos tienen desde Nación. Cabe destacar que las empresas adjudicadas a las obras por licitación pública, aún son garantes y custodia del predio y la obra. “Hay obras con avance del 100% y del 90%, siendo todas efectuadas bajo tierra, como cloacas, agua, pozo de agua, como así también el desmonte, la preparación del lote y las intervenciones viales. El dinero recibido y el gastado coinciden en un 100% con lo transferido a las empresas y certificado en las obras por los auditores externos”, señalaron. El fideicomiso que financia estas obras tiene el dinero afectado para continuar las mismas, dado que es un ingreso que se genera por ley. “Están frenados los pagos hoy por la decisión del Estado nacional de paralizar la obra publica, como lo dijo en varias oportunidades el presidente Milei”, argumentó una fuente comunal. En la mesa de trabajo estuvieron presentes los representantes de Chico Hermanos y Usimix S.R.L; Evangelina Cabral, Martín Bossi y Daniel Ivaldis desde Juntos; Mauricio Pollacchi desde La Libertad Avanza; Mariana San Martín y Florencia Comalini desde Unión por la Patria; la secretaria de Gobierno Dra. Clara Zunino; el secretario de Obras Arq. Emanuel Pérez Carrera; la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Lic. Jorgelina Silva; el subsecretario de Obras Luis Ponce; el subsecretario de Gobierno, Dr. Esteban Buzzalino; la subsecretaria de Obras Mariana Bergerot; el Arq. Santiago Puliti y el intendente Ustarroz.
