Dos decretos del Gobierno nacional disponen un aumento de fondos para el sistema ferroviario equivalente a los niveles reales de 2023. Como contrapartida, habilitan a dar de baja cualquier compra o licitación, modificar servicios y frecuencias, realizar una «reorganización empresarial» y «atraer inversiones».
Hasta diciembre de 2023 los ferrocarriles venían teniendo por parte de la anterior gestión de gobierno nacional una importante inversión. En Mercedes, el cambio de vías en el trayecto hacia Luján, la llegada del tren turístico y la inversión en el Belgrano hacia Tres Sargentos fueron algunos de los ejemplos concretos.
Sin embargo, a partir de la llegada del nuevo Gobierno y su decisión de estudiar más a fondo el tema inversión y abrir la posibilidad de aportes privados hizo que los trabajos que estaban previstos, queden paralizados.
A esto se sumaron la pasada semana las publicaciones de dos decretos, por parte del Gobierno nacional, que generan más dudas que certezas en cuanto a saber qué pasará con el sistema ferroviario en lo que hace a la vida de los mercedinos.
Hasta ahora, en los cuatro primeros meses del año, según el informe del presidente de SOFSE, la reducción de financiamiento en términos reales había sido superior al 60 % para gastos operativos y de un 92 % en términos de infraestructura, según consignó la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el caso de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF). Según había anunciado el Gobierno, la emergencia sería un mecanismo que facilitaría las contrataciones y obras de emergencia para asegurar la seguridad operativa de los servicios ferroviarios.
A partir de uno de los Decretos de Necesidad y Urgencia, quedó declarada la emergencia ferroviaria, que por un lado tiene la buena noticia de imputar al presupuesto nacional $ 350 mil millones adicionales a ser destinados al sistema ferroviario durante este año, lo cual implicaría que dicha reasignación permitiría recuperar los niveles de financiamiento de 2023 en términos reales.
El decreto de emergencia también reafecta al sistema ferroviario los fondos de un fideicomiso para la “mejora y profesionalización del autotransporte de cargas” (SIMPAC) que había sido creado en 2022; y a la vez también abre el facilitar los trámites aduaneros para la llegada de repuestos e insumos necesarios para tareas de mantenimiento y seguridad operativa ferroviaria.
No obstante, entendidos precisan que la norma parece apuntar menos a recuperar el financiamiento de las empresas ferroviarias – que afecta no solo inversiones de capital sino, de forma más acuciante, el gasto corriente en mantenimiento, higiene y seguridad – que a posibilitar medidas de racionalización que permitan acelerar la reducción de personal y en general “sanear” contablemente las empresas con vistas al anunciado objetivo de privatización.
El proyecto que el Senado acaba de sancionar con cambios prevé, efectivamente, la “privatización o concesión” de las dos operadoras de Trenes Argentinos, SOFSE (pasajeros) y BCyL (cargas). El Gobierno también planea la fusión de distintas estructuras, que podría ser facilitada por las herramientas que habilita la “emergencia”.
Decreto reglamentario
Un segundo decreto reglamentario contiene distintas disposiciones tendientes a preparar el terreno para la privatización que proyecta el Gobierno.
En su artículo 3, se faculta a las empresas ferroviarias a dejar sin efecto por razones de “fuerza mayor” cualquier procedimiento de contratación y renegociar cualquier contrato. Esto permitiría dar de baja en forma definitiva toda clase de compras y obras pendientes, desde las inversiones en infraestructura que cuentan con financiamiento internacional – como la renovación de vías de la línea Mitre o el proyecto de renovación y electrificación de la línea San Martín -, hasta la compra de coches y locomotoras – el Gobierno anterior dejó pendientes de concretar contratos por cochemotores diésel y coches eléctricos – hasta adquisiciones vinculadas con los gastos corrientes, como licitaciones para la compra de repuestos.
En tanto, el artículo 5 instruye a Trenes Argentinos Operaciones a diseñar “un plan de adecuación de frecuencias y/o servicios de transporte urbano, regional y/o de larga distancia acorde a los términos de la emergencia declarada”. En la práctica, es una carta blanca para profundizar el deterioro de la oferta de transporte o cancelar directamente distintos servicios – se sabe que el Gobierno tiene en la mira varios trenes de larga distancia – o bien transferir algunos de ellos a las provincias, pues todo quedaría justificado por la excepcionalidad de la emergencia.
Por último, el artículo 10 del decreto reglamentario ordena a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), en coordinación con las autoridades de Transporte y “con acuerdo” de las demás empresas ferroviarias del Estado, a proponer “acciones para la reorganización empresarial que resulten pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia declarada”.
