El Concejo Deliberante decidió el pasado lunes, acompañar un decreto del Ejecutivo que rescinde el contrato y aplica fuertes multas a la empresa que se encontraba desarrollando tareas en dos sectores del complejo habitacional conocido como Calabria. La firma (HBD), fue sancionada por decisión del Municipio y el parlamento local, con algunas abstenciones, decidió dar luz verde a esta decisión política. La presidenta del HCD, Mariana San Martín, comentó que se estaba trabajando arduamente y que se había logrado conformar una mesa de trabajo desde la Comisión de Legislación, “tratamos expedientes que se tramitan en la Dirección de Tierras y la Subsecretaría de Gobierno a cargo del Dr. Esteban Buzzalino y de la Arq. Marina Amarillo… Es importante destacar el trabajo que se hace en conjunto, en especial el de la Dra. Marcela Munarriz que está abocada desde la Comisión a este trabajo”, destacaba. En tal sentido San Martín hizo saber que fueron aprobadas 24 ordenanzas, entre ellas las de escrituración social gratuita y en otras la disposición de los inmuebles para que, en un futuro, desde la Escribanía General de Gobierno comiencen los trámites de escrituración.
Recisión y Multa
Como hemos dicho, algunos ediles se abstuvieron a la hora del tratamiento del decreto elevado por el Ejecutivo. Sucede que el mismo ingresó el mismo lunes de la sesión en horas de la mañana y desde la oposición sostuvieron que no habían tenido tiempo suficiente para analizar la totalidad de lo solicitado. No obstante la presidenta destaca, “hemos trabajado el lunes, tanto en la mañana como por la tarde en el expediente que el intendente junto a todo Secretaría de Gobierno, Hacienda, el área de Viviendas, después de meses de trabajo, encontraron una herramienta para esta decisión política”. Sucede que cuando, las obras del sector 1 y 2 del Calabria comenzaron a tener dificultades, el Municipio consideró la necesidad de poder rescindir el contrato con la empresa HBD y aplicarle multas. “Se tuvieron que ir cumplimentando distintos pasos… el convenio que pasó por el HCD como la licitación, y entonces acá quiero destacar la labor de los contadores del área de Hacienda a cargo del Dr. Valerga, que dieron con un artículo en especial que había en el pliego, (Art. 99) por el cual se permite rescindir ese contrato de obra”, explicó San Martín. De allí que ad referéndum del Concejo Deliberante, se solicitó el acompañamiento de un decreto para la rescisión y la aplicación de multas. “Esos fondos por las multas que se van a aplicar, se afectarán al Banco de Tierras. En ese punto hubo acompañamiento general. El tema nos llevó todo el día de trabajo. Creo que es destrabar una situación para seguir transitando el camino hacia la finalización de la obra… y pudimos hacerlo con el acompañamiento de algunos concejales de la UCR (Lacasa y Laporta), el resto de los concejales de abstuvieron”, destacaron fuentes legislativas. Para la Presidenta del Cuerpo “fue una decisión política muy grande, se multa a una empresa que no cumplió con lo tenía que cumplir dentro de un programa del Gobierno nacional, en el que el Municipio tenía a su cargo el monitoreo. Si bien en esta nueva gestión no ingresaron fondos, así mismo la empresa no cumplía cuestiones técnicas según la auditoría municipal, en tiempos en que si los recibía”, agregaron desde el ámbito legislativo. Las multas que se le aplicarán a la empresa serán: en el sector que lleva el Nº 1, unos 725.978.777 de pesos y en el caso del sector 2 la cifra asciende a $ 1.393.713.808.
El camino de la rescisión y las multas
La situación que se planteó en el barrio Calabria generó una atención especial en el Departamento Ejecutivo, que fue diseñando un esquema de trabajo orientado a tomar la posesión de la obra, cumplimentando los pasos administrativos y legales que le permitan multar y rescindir el contrato a la empresa que oportunamente obtuvo la licitación pertinente. Según fuentes consultadas, desde el mes de enero de 2024 se realizaron gestiones para lograr la continuidad de los trabajos en medio de las inquietudes de los beneficiarios. Pero encontraron que no se podían tomar decisiones unilaterales atento a determinadas situaciones. En los sectores en cuestión, había plazos que no estaban vencidos. Por caso, en uno de ellos ese vencimiento operaba el 31 de marzo y en el otro en el mes de diciembre. No obstante, la constructora había solicitado una prórroga hasta el tercer mes del año, sobre la que no había definiciones. De allí que el Ejecutivo decidió esperar que se cumplan esos términos para proceder. Vencidos los plazos comenzaron a dictarse esas sanciones por el incumplimiento de diferentes ordenes de servicio, tras las auditorias correspondientes. Una de ellas fue en abril del 2022 al detectarse que la empresa no tenía representante técnico, es decir un arquitecto que controle los trabajos que allí debían realizarse. También se encontraron defectos en dichas obras. La labor del Ejecutivo detecta que en el pliego de licitación existía un artículo que permitía se apliquen multa por cada día de atraso tras cumplirse el plazo de finalización. Ese artículo determinaba que si el monto de la multa (toda acumulada), superaba el 15 % del monto de la obra, se podía avanzar en la rescisión sin mayores consultas ni trámites. En junio, el Municipio concluyó la espera y en los primeros días de julio realizó el decreto que fue elevado al Concejo Deliberante, especialmente para que se convalide la afectación de los fondos de esas sanciones, al propio barrio o a otros emprendimientos habitacionales. Cumplidos estos pasos, se supo que por estas horas el área de Legales procederá a los trámites administrativos correspondientes para hacer efectiva la recisión y la aplicación de las multas. La intención es tomar rápidamente posesión de la obra y convocar a una reunión con los beneficiarios para determinar el camino a seguir que busca la continuidad de los postergados trabajos.
