Quien era responsable del Registro del Automotor que funciona en un inmueble de la calle 24 de nuestra ciudad y que lleva el Nº 2 según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, presentó su renuncia a continuar al frente del mismo a mediados del mes de junio, y por tal motivo se decidió la intervención que por un período de seis meses quedará a cargo del escribano Mariano Castelucci (foto). La persona que tenía esta delegación de facultades era Manuel María Ocampo Massa, un vecino de la localidad de Bella Vista, quien decidió dejar la actividad argumentando que existían razones de fuerza mayor ajenas “y no imputables a su persona que desfinanciaron el sistema registral y que los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo generaron la imposibilidad concreta y objetiva de continuar con la actividad”. En Mercedes funcionaba además una delegación para el registro de maquinarias agrícolas que se encontraba a cargo del propio Castelucci, razón por la cual el Ministerio decidió hacer esta propuesta hasta su regularización. El Registro Nº 2 contaba con una decena de empleados, los que, de acuerdo a versiones no confirmadas oficialmente, habrían sido indemnizados, “aunque no todos llegaron a un acuerdo y hay pendientes algunas audiencias en el Ministerio de Trabajo”, indicó a Protagonistas una fuente confiable. Tampoco se pudo conocer si esta situación que se describe más abajo, impacta en el Registro Nº 1 ubicado sobre calle 32 y en tal sentido cuál será su futuro inmediato.
Estaba cantado
La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad Automotor (AAERPA) manifestó hace pocas semanas su profunda preocupación ante la crisis que enfrenta el sistema, “debido a que los aranceles están pisados desde octubre”. Reclaman medidas urgentes al Ministerio de Justicia para “salvar la seguridad jurídica de los ciudadanos y 12.000 empleos privados”. La falta de actualización en esos aranceles, “desestabiliza el sistema y pone en riesgo 12.000 puestos de trabajo privados”. En una carta enviada al Ministerio de Justicia, la Asociación expresó su desazón y denunció la inminente desaparición del sistema debido a la falta de respuesta y acción por parte de las autoridades. “El costo de este servicio está recayendo enteramente en los titulares del Registro, quienes debemos cubrir todos los gastos operativos, desde salarios hasta la adquisición de documentos proporcionados por el Estado nacional, luz y alquileres. Porque los Registros son estatales, pero de administración privada. Es decir, los empleados de un Registro Automotor no son empleados públicos. En este sentido, el Registro no implica un costo para el Estado, sino al contrario: le genera ingresos”, aseguraron desde AAERPA. Según la Asociación, se hicieron promesas de soluciones desde diciembre del año 2023, pero ninguna fue concretada. «En abril se emitió una resolución que reconocía nuestras necesidades, pero fue retrotraída en menos de 48 horas. Retomamos la cuestión, acercamos un proyecto para aplicar sobre los aranceles percibidos en el mes de junio y llegamos al final de este mes sin respuestas», denunció Alejandro Germano, presidente de AAERPA y uno de los firmantes de la carta enviada. La provisión de documentos esenciales, como placas, patentes y cédulas de identificación de los automotores, aseguran que es insuficiente; y la inacción frente a las renuncias de colegas complica aún más la situación. «La inacción y el silencio han llevado a que personas sin la capacitación necesaria reemplacen a nuestros compañeros, lo que pone en riesgo la calidad del servicio», aseguró Germano. Además, la Asociación critica el desvío de la recaudación a destinos ajenos, dejando a los Registros seccionales sin los fondos necesarios para operar. «Este desfinanciamiento es un claro incumplimiento de las obligaciones del Ministerio según el Decreto 644/89. Los usuarios pagan aranceles por un servicio que se deteriora, mientras la recaudación se desvía ilegítimamente. El Ministerio ya ha recibido la recaudación prevista para todo este año 2024, mientras que los Registros seccionales no podemos afrontar siquiera los sueldos de nuestros empleados, mucho menos una retribución justa por nuestros servicios», afirmaron en la carta. La falta de medidas estructurales y la ausencia de un funcionario designado en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) agravan la situación, según la AAERPA.
