El proyecto de ley para declarar «servicio estratégico esencial» a la educación pública, que fue impulsado por los Bloques de PRO, la UCR y la Coalición Cívica, obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá ser tratado en el Senado nacional. El principal impulsor del proyecto en la Cámara Baja fue Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri, titular de la Dirección de Escuelas de la gestión de María Eugenia Vidal y actual presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja. “Sus proyectos originales sobre el tema, de hecho, datan de mucho antes del momento en que el actual oficialismo volvió a poner la cuestión en agenda al incluir la declaración de «servicio esencial» en el mega DNU de Javier Milei”, destacaron fuentes sindicales. El proyecto en cuestión establece que tanto la Nación, como las provincias y la ciudad de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente, que se susciten durante el ciclo lectivo escolar y que afecte al normal desarrollo de la actividad curricular. En tal sentido los gremios docentes de nuestra ciudad se reunieron para poner de manifiesto su disconformidad con dicha ley. Fabián Díaz, secretario general de SUTEBA expresó, “hemos decidido con gremios locales hacer una presentación en cuanto a la educación en general, que está en un contexto de ajuste permanente y a eso se suma esta ley que impulsa a la educación como un servicio esencial, misma que no puede serlo porque se estaría limitando el derecho a huelga y generaría un contexto de inseguridad para los alumnos, ya que lo que se hace es dejar una guardia mínima en una escuela con 3 docentes y 300 alumnos”. Asimismo, desde la Federación de Educadores Bonaerenses indicaron “con esta ley se limita el derecho que tienen los docentes de hacer huelga y reclamar o defender su trabajo a través de un paro, por ejemplo, algo que está contemplado en la Constitución”. Por su parte, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires dijo “tenemos que poder reclamar por nuestros derechos, por lo que no podemos estar de acuerdo con esto”. En tanto desde la CTA que encabeza Hugo Bonafina señalaron “acá se pretende una transformación cultural que tiene que ver con quitar derechos a los trabajadores fomentado con un claro ajuste y desfinanciación de la educación de nuestro país”.
