El CELS manifestó su acompañamiento a una acción judicial colectiva que realizaron tres comunas en el Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Pehuajó. Los Municipios de Moreno, Mercedes y la localidad donde se asienta el denominado juzgado de primera instancia, decidieron hacer una presentación colectiva por el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana, más conocido como FISU.
El Centro de Estudios Legales y Sociales destacó que ante el fuerte aumento de la pobreza y del desempleo, y el deterioro de las condiciones de vida, “la situación de las personas que viven en los barrios populares se vuelve cada vez más frágil”. En tal sentido aseguran que, desde diciembre, el Estado nacional “abandonó las políticas destinadas a mejorar sus condiciones habitacionales y los programas que garantizaban el acceso al agua potable, energía eléctrica o redes cloacales se interrumpieron. Entre sus primeras medidas, el gobierno de Javier Milei decidió desfinanciar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), lo que provocó la paralización de más de 30.000 obras necesarias para proveer servicios básicos a unas 330.000 familias”.
Según el censo 2022, el 44% de la población, más de 20 millones de personas, no tienen conexión a la red de gas. Una cantidad similar, el 43%, vive en casas sin cloacas y, todavía, hay un 7% de la población sin acceso al agua potable. Para mejorar estas condiciones el FISU disponía de un financiamiento que surgía del Impuesto País y el Gobierno lo redujo drásticamente del 9% al 0,3%.
Esto generó que en distintos barrios quedaran por la mitad miles de construcciones que iban a resolver problemas concretos para mejorar la calidad de vida en los barrios populares.
Por ejemplo, en el barrio Cumba de Pehuajó – de la provincia de Buenos Aires – se puso en marcha un plan de urbanización integral, que incluía obras de pavimento, gas, cloacas, agua, veredas y forestación. Todo ese proyecto quedó detenido. Lo mismo ocurrió con otros proyectos en Moreno y nuestra ciudad. Uno de ellos tomó relevancia nacional tras la intervención de un medio nacional con concejales opositores.
“Desde el CELS, acompañamos la demanda de 11 barrios populares en Pehuajó, Moreno y Mercedes para que se reinicien las obras de integración socio urbana que se frenaron en diciembre de 2023. El Juzgado Federal de Pehuajó reconoció el alcance colectivo del caso y abrió la posibilidad de que otros barrios puedan sumarse al reclamo. A partir de esto, otros 34 barrios iniciaron sus propias demandas. Son barrios de distintos distritos del conurbano bonaerense, de CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut”, asegura el CELS en un comunicado publicado en su portal.
“Es fundamental no solo sostener sino también ampliar el financiamiento de estas políticas públicas. Su interrupción agrava la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad y al que por medio del FISU empezaban a darles algunas respuestas a sus reclamos largamente postergados”, concluye la declaración del CELS.
Foto: Las obras del FISU paralizadas. Una de ellas fue tema en medios nacionales. El Municipio llevó el reclamo a la Justicia.
