El titular del Juzgado Federal de Pehuajó, Andrés Heim, ordenó al Gobierno de Javier Milei garantizar la continuidad de la política pública destinada a la integración socio urbana de los barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares
Un Juzgado Federal ordenó al Gobierno nacional reactivar las obras de infraestructura en 37 barrios de todo el país, incluyendo los barrios Marchetti, Redes y Soldado Balvidares de la ciudad de Mercedes.
Estas obras, que estaban siendo financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), fueron paralizadas por una decisión política del presidente Javier Milei.
La definición judicial responde a una acción colectiva impulsada por los vecinos afectados con el apoyo legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Las obras, que forman parte de los programas Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares y Lotes con Servicios, buscan proveer de servicios básicos como agua, cloacas, energía eléctrica y pavimentación a más de 850 mil familias.
El organismo acompañó así la demanda inicial de 11 barrios de Pehuajó, Moreno y Mercedes a la que luego se sumaron otros 26 barrios de distintos distritos del conurbano bonaerense, de CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut.
Para realizar los trabajos, el FISU disponía de un financiamiento que surgía del Impuesto País, que el Gobierno redujo drásticamente del 9% al 0,3%. Esto generó que en distintos barrios quedaran por la mitad miles de construcciones que iban a resolver problemas concretos para mejorar la calidad de vida.
El CELS denunció que el Gobierno nacional desmanteló las políticas destinadas a mejorar las condiciones habitacionales de los barrios populares, interrumpiendo programas que garantizaban el acceso a servicios básicos. Esta situación, sumada al aumento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida, ha generado una gran vulnerabilidad en estos sectores.
La Justicia ha dado un plazo de tres meses al Ejecutivo nacional para que presente un plan articulado con los gobiernos provinciales involucrados, que detalle los plazos y el avance de las obras. Además, se ha ordenado que los mecanismos de financiamiento sean incluidos en el presupuesto del año próximo.
El derecho a la Integración Socio Urbana en los barrios populares está reconocido por la Ley N° 27.453, aprobada con amplio consenso parlamentario durante el gobierno de Mauricio Macri y continuada durante la presidencia de Alberto Fernández.
