El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes inició acción de amparo contra la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por la problemática de las comisiones médicas de Mercedes y Luján.
Tal como oportunamente habíamos anticipado, la entidad que agrupa a los profesionales del Derecho, se hartó de reclamar por vías administrativas y finalmente decidió acudir a la Justicia en defensa de los derechos e intereses de sus matriculados, y promoviendo la protección del acceso a la justicia para todos los justiciables.
La acción fue promovida, el pasado jueves 12. Se trata de un amparo colectivo contra el Estado nacional – Ministerio de Capital Humano – Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.), con el objetivo de lograr el restablecimiento urgente y pleno funcionamiento de las comisiones médicas con sede en las ciudades de Mercedes y Luján, pertenecientes a nuestro departamento judicial.
“La medida fue motivada por la grave y prolongada deficiencia en la prestación del servicio público a cargo de dichas comisiones, situación que ha repercutido directamente en el ejercicio profesional de todos los matriculados y en los derechos de los trabajadores que requieren atención y tramitación de sus expedientes en el marco del sistema de riesgos del trabajo”, manifestaron desde el colegio en un comunicado de prensa.
El amparo promovido, a su vez, reclama el cese de las derivaciones arbitrarias a comisiones de otras jurisdicciones, la restitución de médicos y personal necesario en ambas sedes y la inmediata atención de los procesos administrativos pendientes, los cuales en muchos casos llevan meses (incluso años) de demora.
Asimismo, la acción incluye el pedido de inconstitucionalidad del Art. 8 de la Resolución 326/2017 de la SRT, en la medida que su interpretación y aplicación resulta en alteraciones que afectan el principio del juez natural, la accesibilidad al servicio y el legítimo ejercicio profesional dentro del ámbito territorial correspondiente.
“Con esta presentación judicial, el colegio reafirma su compromiso activo en la defensa de los derechos e intereses de sus matriculados, así como en la protección del acceso a la justicia para todos los justiciables”, destacan desde el colegio.
