En la ciudad bonaerense de Junín se llevó adelante la audiencia pública sobre la futura concesión de rutas nacionales el pasado jueves 12 de junio. Allí llegaron funcionarios de Vialidad Nacional para escuchar a los cientos de exponentes de diversas localidades, tanto de manera presencial como virtual.
Tan solo por el caso de la ruta 5 eran alrededor de 160 personas las que estaban dispuestas a exponer. La mayoría de ellos, sin distinciones de partidos políticos, coincidieron en los pedidos de mejoras, nuevas obras y la desazón de saber que los caminos serán puestos en manos privadas sin mayores exigencias. La propuesta gubernamental casi se resume a nuevas cabinas de peaje sin las obras que pretenden la mayoría de las comunidades.
Por la ciudad de Mercedes hubo diferentes expresiones, tal el caso de Marcelo Suárez de la Comisión de Vecinos y del intendente municipal Juan Ignacio Ustarroz, quien expresó un resumen de los vecinos e instituciones que buscan reinstalar beneficios que se perdieron, bregar por la finalización de obras necesarias y urgentes, y esperar que esas demandas tengan alguna posibilidad futura.
Pero lejos de ser optimistas, la audiencia fue una catarata de pedidos. Ninguna comunidad desaprovechó esta oportunidad para dejar explicitados planteos diversos. Lo hicieron varios vecinos, lo hicieron muchos intendentes. Como el caso de Trenque Lauquen, otra localidad jaqueada por este sistema perverso que rige en la Argentina desde los 90.
El secretario de Obras y Servicios Públicos, Manuel Silva Muñoz, y el subsecretario de Desarrollo Económico y Producción, Germán Lauro, estuvieron en Junín y ratificaron la postura de ese distrito en torno a la necesidad que la ruta 5 sea transformada en autovía en todos los tramos pendientes, a la par de requerir que sea reubicado el peaje entre Beruti y Juan José Paso, argumentándose que es una barrera física y económica dentro del partido de Trenque Lauquen.
También los referentes de la ciudad anfitriona consideraron que debían reclamar con fuerza. En tal sentido el presidente del Concejo Deliberante de Junín, Juan Fiorini, fue quien planteó las inquietudes y necesidades de la ciudad para que se tengan en cuenta en el proceso de concesión que el Estado nacional lleva adelante para las rutas nacionales. En su caso por la ruta 7.
La sensación general, tras las demandas realizadas, es que lo único que va a cambiar en este nuevo esquema, es que las rutas nacionales van a pasar a manos privadas. Solo esa certeza. El resto de las cuestiones deben esperar el sueño de los justos, como viene sucediendo en las últimas décadas.
