Si bien se trata de un posicionamiento político que no incide de manera directa en los proyectos nacionales, el Concejo Deliberante suele tomar posturas en relación a decisiones de los gobiernos provincial y nacional. Para la presente sesión, resultó algo llamativo, especialmente para el oficialismo, una nueva determinación del Bloque de concejales de Juntos, relacionado con la inminente posibilidad de veto sobre la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario “y el ya anunciado veto total por parte del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez y corroborado por el presidente de la Nación a través de su red social X”.
Es que ese proyecto solo lleva la firma de los concejales provenientes del radicalismo y marca por segunda vez, una diferencia con sus aliados del PRO. La primera fue cuando Ivaldis y Laporta decidieron acompañar la sesión en la que se pronunciaron sobre el veto de la movilidad jubilatoria. Ese día, del PRO solo estuvo la concejal Evangelina Cabral, presidenta de la bancada, quien se abstuvo. Los demás marcaron ausencia para poder participar de un acto partidario donde sellaban acercamiento entre el bullrichismo y las huestes libertarias.
Habrá que ver en esta sesión si el sector amarillo acompaña la iniciativa de los ediles “boina blanca” o toman una posición diferente. Queda claro que LLA no acompañará esta proposición y sí lo hará el oficialismo, hecho que asegura la aprobación por mayoría. Lo cierto es que el sector radical de Juntos vuelve a marcar diferencia con el PRO y en un marco de alianzas nacionales se presume que esta no será una excepción a la regla sino más bien una posible constante que puede impactar en la homogeneidad de la bancada.
Reconsideración
Concretamente los ediles Lacasa, Ivaldis y Laporta, le piden al presidente de la Nación, Javier Milei, la reconsideración de ese veto ya anunciado y anticipado. “Esta ley presentada por el Bloque de la Unión Cívica Radical busca declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional con el objetivo de «atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales»”, dicen.
Agregan que además establece la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con el objetivo de evitar incertidumbre fijando que “hacia el futuro, el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país”.
Explican que el costo fiscal de la norma es de apenas el 0,14% del producto bruto interno (PBI) – equivalente a $ 780.000 millones de pesos y que es imposible determinar de dónde sacar los recursos dado que no hay presupuesto sancionado. Están de acuerdo con las auditorías y con el fuerte atraso que sufren los salarios del sector.
La resolución pretende que el HCD de Mercedes se dirija al presidente de la Nación Javier Milei, a fin de que considere la posibilidad de rever su intención de vetar la Ley de Financiamiento Universitario atendiendo a los considerandos del presente proyecto.
Foto: La concejal Débora Lacasa es una de las impulsoras de la resolución
