Los trabajadores de la Justicia federal están intensificando sus medidas de fuerza en respuesta a una pérdida salarial del 25% que han experimentado desde diciembre del año pasado.
Matías Marchesini, representante de los trabajadores en el orden local, explicó que los aumentos salariales otorgados no han logrado compensar la inflación, lo que ha llevado a una disminución significativa en su poder adquisitivo.
Marchesini destacó que esta situación viola un acuerdo histórico con la Corte Suprema de Justicia que garantiza que los salarios de los judiciales no pierdan valor frente a la inflación. Argumentó que los judiciales merecen salarios dignos debido a la complejidad de su trabajo, la dedicación exclusiva que exige y la prohibición de ejercer su actividad de manera particular, debido al bloqueo de su título.
A diferencia de otros poderes del Estado, como el Legislativo, los trabajadores judiciales solo pueden depender de su salario para subsistir. A pesar de que la Corte Suprema había solicitado un aumento del 3.5% para septiembre para compensar la inflación, el Gobierno solo otorgó un 2%, una decisión que contradice las promesas del Gobierno de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
Para expresar su descontento, los trabajadores judiciales han realizado diversas medidas de fuerza durante todo el año, incluyendo banderazos los martes y paros los viernes. En las últimas semanas, estas medidas se han intensificado, incluyendo batucadas, desconexiones de computadoras por una hora y asambleas. En Córdoba, se instaló una «carpa de la dignidad» como símbolo de protesta, mientras que en otras regiones se llevan a cabo «apagones».
Marchesini reconoce que los paros afectan el servicio de justicia, pero señala que las medidas de los martes y jueves, que duran solo una o dos horas, no tienen un impacto significativo en el servicio. El objetivo principal de estas acciones es manifestar la frustración de los trabajadores y expresar su «bronca» ante la situación.
Más acciones
Se llevó adelante una medida de fuerza el pasado viernes, y se están considerando medidas adicionales debido a la falta de respuesta del Gobierno. El pago del aumento del 2% correspondiente a septiembre aún no se ha realizado, y se desconoce cuándo se efectuará. Se planea una marcha nacional a la Corte Suprema a principios de diciembre para exigir una solución a la crisis salarial.
Los trabajadores judiciales solicitan a la Corte Suprema, como órgano responsable de la administración del Poder Judicial, que establezca los salarios y compense la pérdida del 1.5% de septiembre con un rubro compensatorio.
Además de la crisis salarial, Marchesini señala otros problemas que afectan al sistema judicial. El Gobierno está implementando un fuerte ajuste que afecta a la Justicia federal en áreas como la cobertura de cargos y las jubilaciones anticipadas.
La implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal en diferentes partes del país se está llevando a cabo sin los recursos económicos necesarios, lo que genera dificultades en su correcta aplicación. Esta situación obliga a los trabajadores a «arreglárselas como sea» y a realizar más tareas de las habituales.
También se evidencia una falta de infraestructura y tecnología, elementos esenciales para la implementación del nuevo Código y a modo de ejemplo indicó que la Justicia federal de Salta se encuentra en una situación crítica, ya que el edificio que utiliza, propiedad del Correo, ha sido puesto a la venta por el Gobierno nacional.
Si bien en Mercedes no hay falta de cobertura de cargos, en otras jurisdicciones existen numerosos cargos de jueces y fiscales que aún no se han cubierto. Esta situación genera retrasos y sobrecarga de trabajo tanto para los empleados como para los funcionarios.
