Los trabajadores impositivos comenzaron la semana esperanzados en la apertura de un canal de diálogo y terminaron con un duro golpe por despidos y anuncios de achicamiento del organismo. La línea de tiempo de la situación de conflicto fue fluctuando entre el diálogo, el silencio y las decisiones arbitrarias, según entienden desde las organizaciones sindicales.
El martes 25, los gremios emitían un documento en el cual manifestaban la suspensión de las medidas de fuerza que habían previsto para el 27 y 28, es decir jueves y viernes últimos. AEFIP y SUPARA, ambos sindicatos del sector, habían sido convocados por las autoridades del organismo para abordar la situación que se presentaba. El gobierno había prometido la apertura de una mesa de diálogo “con la finalidad de tratar los temas de interés mutuo”.
En tal sentido los gremios consideraron como fundamental poder entablar canales de discusión que permitan encontrar alternativas para abordar las necesidades del conjunto de los trabajadores del organismo. “Frente a este cambio de posición del sector oficial las representaciones gremiales hemos resuelto suspender las medidas de fuerza, las que quedarán sujetas a los avances de este proceso de diálogo”, manifestaban el martes. El primer encuentro entre el Gobierno y los gremios se había previsto para el venidero miércoles 5 de marzo. “Instamos al sector oficial a asumir el compromiso de diálogo responsable, fructífero y de buena fe”, rezaba el comunicado.
Sin embargo, poco después, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la eliminación de 695 cargos en la Dirección General Impositiva (DGI), hecho que implica un 27% de su estructura de personal. La medida incluye la supresión de 33 cargos en la sede central y 88 en la Subdirección de Grandes Contribuyentes. Se informó además que, mediante retiros voluntarios y desvinculaciones, se reducirá la planta en 2.815 personas hasta el 31 de marzo.
Además, se cerrarán 38 receptorías y oficinas de atención, argumentando que el 90% de los trámites se pueden realizar en línea. Adorni criticó la apertura de estas oficinas en municipios afines al Gobierno anterior. De hecho, en la región Mercedes las oficinas que cerrarían se encuentran en tres distritos gobernados por vertientes justicialistas: Moreno, General Rodríguez y Escobar.
Los anuncios desataron la ira sindical. El nuevo comunicado cambió bruscamente el tono: “La mala fe es la peor de las conductas institucionales”, expresó la AEFIP cuya Mesa Directiva Nacional integra el mercedino Juan Martín Andrés. “Se vuelven a hacer anuncios grandilocuentes sobre medidas resueltas por las autoridades del organismo en forma unilateral”, dijeron.
“La mala fe solo contribuye a menoscabar el diálogo propuesto y acordado y busca socavar la confianza de los trabajadores y sus organizaciones… Exhortamos y exigimos a las autoridades cesar las prácticas desleales como método de presión… Así no va”, sostuvieron desde la AEFIP.
