Con la intervención del organismo estatal denominado Corredores Viales S.A, hay un marco de incertidumbre respecto de la situación en que a corto o mediano plazo tendrá la Ruta Nacional 5.
Oportunamente cuando los vecinos, el intendente y concejales, mantuvieron un encuentro con un funcionario de este ente, el exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli, se pudo conocer que estaban trabajando en un saneamiento de esa sociedad anónima y hasta se conoció un cronograma de privatización que incluso tenía fechas previstas.
Sin embargo, ahora aparece esta novedad. El Gobierno nacional decidió la intervención de Corredores Viales y argumenta que realizará una auditoría para definir el futuro camino de esas privatizaciones. Es decir que podría pensarse que todo vuelve a foja cero, el paso a manos privadas se seguirá demorando y la desidia y falta de mantenimiento de los caminos continuará sin atenuantes.
Corredores Viales tiene alrededor de 20 mil kilómetros de rutas nacionales, muchas de las cuales no son tentadoras para los inversores privados debido a su baja recaudación por el escaso flujo de tránsito en sus cabinas. La RN5 es un ejemplo con tres cabinas a lo largo de su trayecto: Olivera, 9 de Julio y Beruti en el partido de Trenque Lauquen.
De todos los tramos que maneja Corredores Viales la gallina de los huevos de oro es la autopista Ricchieri, que según expresó en aquella ocasión Galli, es la que financia al resto de los tramos nacionales.
La intervención de Corredores Viales S.A. también significó un cambio en la conducción del organismo, María de los Ángeles Adem, una licenciada en administración de empresas que cuenta con trayectoria en el ámbito financiero, habiendo sido vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)
El decreto nacional publicado en el boletín oficial dice que “resulta adecuada la adopción de medidas urgentes tendientes a llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la situación actual de la sociedad y promover las adecuaciones que permitan desarrollar el referido proceso de privatización sin comprometer las obligaciones contractuales asumidas por dicha empresa”. Tras los más de quince meses de gobierno de Javier Milei, se daba por hecho que se había avanzado en esos aspectos. No queda claro que eso haya sucedido.
La Intervención deberá realizar una auditoría de gestión, una evaluación del estado financiero, de la estructura orgánica y el funcionamiento en general de la empresa. Además, tendrá que elaborar un plan de acción, reformulación y readecuación para la sociedad, con la eventual modificación del estatuto societario vigente, el cual deberá ser puesto a consideración del Ministerio de Economía.
La Intervención se hará cargo también de la revisión de la administración de compras y contrataciones y dispondrá una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales.
Todo hace presumir que habrá un largo trayecto por delante antes que la realidad de las rutas, como la 5, muestren alguna diferencia al estado actual en que se encuentra.
