Esta noche sesionará el Honorable Concejo Deliberante en una sesión que como algunos se animaron a decir, será para alquilar “balcones”. Sucede que como acontece en otros encuentros del parlamento, la cuestión nacional se cuela y esta convocatoria no será la excepción.
El fallo judicial que condenó a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, estará reflejado en dos expedientes distintos. Uno presentado por el oficialismo y otro por el bloque “original” de La Libertad Avanza. Cuando los mismos sean tratados se aguarda un debate cuyo contenido (y posiblemente el tono), ya pueden presumirse.
El bloque de concejales de Unión por la Patria plantea la adhesión a un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se expresa “profundo repudio a la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner… y su máxima preocupación por el atentado contra la democracia ejercido por miembros del Poder Judicial, al cercenar el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes”.
En tanto los libertarios hicieron lo propio, aunque con una postura totalmente opuesta y repudiando expresiones de dirigentes locales sobre el tema.
En los fundamentos destacan que esta sentencia “fue dictada con base en prueba abundante y contundente, ratificada por el más alto tribunal del país, y representa un ejemplo de funcionamiento institucional, reafirmando la independencia del Poder Judicial y la vigencia plena del Estado de derecho”.
Luego mencionan que diversos referentes del Partido Justicialista a nivel nacional, provincial y municipal, entre ellos el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, el actual intendente de Mercedes, Juan Ustarroz, y el exdiputado nacional Carlos Selva, “han cuestionado pública y vehementemente dicha sentencia, acusando a la Justicia de formar parte de una supuesta persecución política”.
Agregan que, en particular, el primer mandatario local declaró que la expresidenta Cristina Fernández es “víctima de una conspiración internacional”, “lo cual constituye un grave intento de deslegitimar una decisión judicial fundada en derecho”, señalan.
“Estas expresiones implican un desconocimiento explícito de la división de poderes y una presión indebida sobre el Poder Judicial, lo que representa una amenaza directa al equilibrio institucional de la República. Estos mismos sectores políticos han calificado al actual gobierno democrático del presidente Javier Milei como una «dictadura», con claras intenciones de vincularlo simbólica y discursivamente con los gobiernos militares que asolaron la Argentina entre 1976 y 1983”, agrega la fundamentación.
En tal sentido consideran que tales comparaciones son “totalmente infundadas e irresponsables, ya que el gobierno actual fue elegido por el voto popular en elecciones libres y se encuentra actuando dentro del marco legal y constitucional vigente”.
El articulado propone expresar su preocupación y rechazo por las declaraciones públicas de referentes del Partido Justicialista, entre ellos Eduardo “Wado” de Pedro, Carlos Selva y el actual intendente Juan Ustarroz, “que ponen en duda la legitimidad de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, además de solicitar a los referentes mencionados que actúen con responsabilidad institucional, “y que cesen en sus intentos de desacreditar a la Justicia y de generar desconfianza en la ciudadanía hacia el orden democrático vigente”.
