En una semana en la que el Gobierno nacional dispuso la disolución de Vialidad Nacional y la Justicia le dictó una cautelar para frenar la determinación del Ejecutivo, se conocieron detalles sobre la pretensión futura del Estado en materia de concesiones viales.
Las rutas nacionales van a pasar a manos privadas y en medio de todo el proceso se resuelve licuar Vialidad, ya se había intervenido Corredores Viales y el panorama hacia adelante no aparece alentador bajo ningún punto de vista. La idea de poner nuevamente los caminos en manos del sector empresario, como si eso hubiese sido garantía de mejores condiciones de transitabilidad, naufraga en un mar de dudas y de escasas exigencias, con más cabinas de peaje.
Si, con más cabinas de peaje. Algo que este semanario había anticipado hace largos meses. Aquella vieja estructura que a comienzos de siglo quedó sin operaciones entre Suipacha y Chivilcoy, parece que recobrará vida para complicar aún más los intereses de la región.
Todo indica que Gorostiaga revivirá. Y así nuevamente con solo recorrer los primeros cincuenta kilómetros de la Ruta Nacional 5 los usuarios deberán pagar dos veces: en el kilómetro 86 de la cabina de Olivera y en la nueva que renacerá en el Km 139. Un revival de los 90. Es decir que el agregado en territorio pampeano a la altura de Lonquimay sería la quinta cabina que pasará a tener la RN5.
A todos esto la concesionaria que tome a su cargo la ruta no tendrá mayores exigencias más que algunas obras menores que ya están estipuladas. En concreto el denominado tramo Pampa, en los 20 años que piensan cederlo a manos de los privados, contempla en los primeros años de concesión, solo un trabajo entre el Km 449 y el 496. Una repavimentación de poco más de 45 kilómetros que se había iniciado y paralizado.
En lo que la propia Vialidad define como etapa 2, hay previstos trabajos de bacheo, ensanche de calzadas en pocos kilómetros, arreglo de banquinas, colocación de barandas metálicas en algunos sectores, construcción de algunas paradas de micros y señalización vertical y horizontal.
En resumen, habrá dos nuevas bocas de cobro, dos nuevas cabinas de peaje para que no haya cambios sustancialidad en la seguridad vial de esta peligrosa ruta. Eso está planificado para dos décadas hacia adelante.
“Esa es la única cabina que se sacó por las movilizaciones de la gente cuando estaba la cooperativa de camiones de Chivilcoy y otros que cortaron la ruta. Hay quienes opinan que no les interesa que haya varios peajes si se hace una autopista donde no se mate la gente, pero no es el caso… La gente tiene lo que se merece, aceptan y claudican con un sistema que sabemos no sirve y que no sirve para hacer verdaderas obras de autovías. Y el punto principal es qué van hacer con la plata del impuesto a los combustibles, ¿lo van a sacar?, ¿van a bajar las naftas ya que no va a Vialidad ni a los caminos?”, se preguntó en voz alta Marcelo Suárez, referente de la Comisión de Vecinos contra el peaje.
Son alrededor de 10.000 kilómetros de ruta los que pasarán a manos privadas y lo que sucede con la Ruta 5 se repite en otras. La privatización de rutas contempla 135 % más de cabinas. Según los análisis realizados por especialistas, de las 40 cabinas que hoy existen pasarán a ser 94 (un 135 % más), lo cual implica que deberá pagarse un peaje cada 97 kilómetros recorridos, en promedio, sin dejar de mencionar que también está planeado un nuevo ajuste en los valores de las tarifas.
Habrá que estar atento por estas horas cuál es la reacción de comunidades como la de Suipacha y Chivilcoy, dos localidades que tienen relaciones cercanas y a las que se les impondrá una aduana en medio de ellas.
Foto: El Gobierno nacional planea la instalación de cinco cabinas en el recorrido de Ruta 5. Gorostiaga sería una de ellas.