La histórica planta láctea La Suipachense, con más de 75 años de trayectoria, se encuentra en una situación crítica que ha llevado a sus 140 empleados a asumir el control de la operación. Agobiada por deudas millonarias, atrasos salariales y una drástica caída en la producción, la empresa, de capitales venezolanos, enfrenta un «final complicado a muy corto plazo».
La tradicional empresa láctea La Suipachense, un motor económico central para Suipacha, atraviesa una de las crisis más graves desde su fundación en 1947 como cooperativa. Desde la pasada semana, la planta quedó bajo el control cooperativo de sus empleados, respaldados por el gremio ATILRA, ante la imposibilidad de sostener la operación normal. La decisión surge en medio de atrasos salariales que se agravaron en julio y agosto, y deudas crecientes con proveedores.
Una caída productiva alarmante La magnitud de la crisis productiva es evidente: en su mejor momento, La Suipachense procesaba 250.000 litros diarios de leche, hace apenas un mes y medio, la cifra ya había caído a 180.000 litros y actualmente, en medio de este escenario, la planta trabaja con solo 40.000 litros diarios.
Esta drástica reducción se debe en gran parte a la falta de pago a los productores de leche, quienes han dejado de entregar materia prima. De los 180 tamberos que abastecían a la planta, solo 40 continúan suministrando leche. El delegado de la empresa, Carlos Fernández, explicó que en el sector lácteo, los productores retiran su producción ante señales de problemas financieros para evitar impagos, ya que «la producción es diaria y perecedera».
Un déficit financiero insostenible donde las cuentas de La Suipachense son alarmantes. Se estima que la planta necesita alrededor de $3.000 millones mensuales para operar, pero actualmente recauda apenas $500 millones. Con estos ingresos, resulta imposible cubrir simultáneamente los pagos a empleados y productores.
La empresa venía pagando irregularmente, y esta situación se agravó en julio y agosto. Proveedores también han dejado de entregar insumos por falta de pago. La poca producción actual se destina principalmente a leche de larga vida en envases Tetra Brik, que se cobra al contado para generar recursos inmediatos.
Trabajadores al rescate
La empresa acusa «toma forzada» donde los 140 empleados, a través del gremio ATILRA, decidieron tomar la administración de la planta, no como un paro, sino para «garantizar el funcionamiento básico y pagar salarios». Según fuentes gremiales, la intervención busca sostener la operación con los recursos disponibles y la escasa materia prima que ingresa.
Sin embargo, la empresa, de capitales venezolanos, interpreta esta acción como una “toma forzada” y “muy perjudicial”.
Carlos Fernández acusó al gremio de “apropiarse de las operaciones comerciales, financieras y logísticas, usurpando la planta y contraviniendo la dirección”. Aseguró que la caída de producción esta semana es producto de que el sindicato «se ha hecho de los recursos y lo dispuso a su manera y dejó de pagar a los tamberos». Calificó la medida de «desproporcionada, con mucha impunidad» y como una «anarquía».
La situación es tan delicada que se ha descrito como una «bomba de tiempo» con un límite de «no más de 15 días» si no aparece un inversor con capital. El fantasma del corte de electricidad y gas natural es inminente debido a los atrasos en los pagos a las empresas de servicios. La pérdida de estos servicios básicos implicaría la paralización total de la planta y, con ello, una posible protesta de los empleados en las calles.
El impacto de un posible cierre sería un «golpe durísimo» para la vecina localidad de Suipacha y sus 12 habitantes, donde la planta es un pilar económico fundamental. Comercios y proveedores locales ya han comenzado a restringir el crédito ante las deudas acumuladas.
Por ahora, el futuro de La Suipachense pende de un hilo, con la comunidad siguiendo de cerca la evolución del conflicto y la esperanza de una solución que evite el colapso de una de las industrias más emblemáticas de la región.
