La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), ha declarado el estado de emergencia y anunció una medida de fuerza provincial consistente en la retención de firmas desde el pasado jueves 16 de octubre. La acción se mantendrá hasta que se efectivice la actualización largamente reclamada de la movilidad.
La medida de fuerza fue definida luego de una reunión de la Mesa Técnica de Mandamientos y Notificaciones celebrada entre la Asociación Judicial Bonaerense y funcionarios de la Suprema Corte de Justicia. Uno de los ejes principales del encuentro fue el reclamo por la actualización de la movilidad, un punto sobre el cual la administración informó que se están analizando alternativas, aunque aduciendo las limitaciones presupuestarias actuales.
Sin embargo, la AJB expresó rotundamente que «no existen posibilidades de seguir esperando la actualización largamente reclamada». Ante la falta de respuesta concreta por parte de la administración para actualizar los montos de movilidad, la entidad gremial anunció la retención de firmas a partir del pasado jueves 16 de octubre.
Como parte de las discusiones, la AJB propuso formalmente conformar una mesa específica, con la participación del área de Administración y el director de Mandamientos, con el objetivo de establecer una referencia que permita la actualización automática de los montos. También se busca modificar la Resolución 611 para agilizar los pagos en zonas vacantes.
Durante la mesa técnica, el gremio también reiteró su rechazo a la Resolución 15/24, que restringe el pago de diligencias realizadas en días y horas inhábiles. La AJB sostiene que esta medida «vulnera derechos laborales y altera las condiciones de trabajo». Sobre este punto, la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales informó que el expediente se encuentra en análisis final.
En cuanto a los avances de gestión, el área de Informática presentó mejoras en el nuevo sistema exclusivo para las Oficinas de Mandamientos. Se informó que se seleccionarán dos oficinas pequeñas para realizar una prueba piloto de este sistema, y se espera que en noviembre se implemente una nueva versión del sistema Augusta que vinculará automáticamente las respuestas de los instrumentos, integrando ambos sistemas.
Finalmente, se abordó el proceso de despapelización, informándose que se emitirán directivas para determinar qué instrumentos pueden destruirse y cuáles deben conservarse, destacando que no podrán eliminarse aquellos que contengan firmas ológrafas. El proceso de reconocimiento de oficiales ad hoc comenzará en Olavarría y luego se extenderá al resto de las dependencias. A pesar de la contundencia de la medida de fuerza, la AJB valoró la continuidad del espacio de diálogo.
