El juez comercial Leandro Julio Enriquez decretó la liquidación total de Lácteos Conosur S.A., la empresa que operaba la tradicional fábrica de Suipacha, tras meses de parálisis productiva y acumulación de una deuda millonaria. La medida afecta directamente a 140 trabajadores en una localidad fuertemente dependiente de la industria láctea. El principal directivo de la firma, de origen venezolano, quedó inhibido de sus bienes y con prohibición de salir del país.
La justicia en lo comercial de Mercedes dictó la quiebra de la empresa Conosur SA, la cual operaba la tradicional fábrica láctea La Suipachense desde 2012 bajo el manejo del grupo Maralac. La resolución judicial, firmada el 8 de noviembre, fue concedida de inmediato luego de la solicitud formal presentada por el abogado Julián Coronel, apoderado del gremio lechero Atilra y también de la firma acreedora Watt’s SA.
El fallo, emitido por el juez Leandro Julio Enriquez, dispuso la liquidación completa de Lácteos Conosur S.A. (CUIT 30-68714743-6) y ordena la inmediata clausura del establecimiento de Suipacha, declarando que la empresa «carece de toda generación de ingresos».
Un conflicto que escaló
La crisis de La Suipachense se agudizó a principios de septiembre pasado, cuando la dirección despidió inicialmente a nueve trabajadores administrativos y amenazó con la expulsión de otros 60 empleados. La actividad de la fábrica se detuvo en ese momento, llevando a los 140 empleados de la planta a manifestarse, junto a vecinos de Suipacha y Chivilcoy, debido a la vital importancia de la fuente de empleo para la región. La planta llevaba aproximadamente tres meses de inactividad, un cese de producción que fue denunciado por el gremio Atilra, que también había armado un campamento en las puertas del establecimiento. Los trabajadores venían denunciando un supuesto «vaciamiento» de la empresa desde hace varias semanas.
En este contexto de inactividad, el juez de Mercedes intimó a fines de octubre a la empresa para que presentara un plan de acción. La firma de capitales venezolanos presentó dicho «Plan de Acción» el 4 de noviembre, pero este no recibió «favorable acogida por parte de la Sindicatura ni de los acreedores». El representante legal Julián Coronel catalogó dicho plan como una «burla» hacia todos los acreedores.
Deuda Récord y Medidas Judiciales
El dictamen judicial detalla un pasivo masivo. La Suipachense había acumulado una deuda postconcursal por cheques rechazados que asciende a 8.458 millones de pesos, con el Banco Central registrando más de 1.000 cheques rechazados por un total de $8.500 millones, una cifra calificada como récord para el sector. A esto se suma una deuda devengada de otros 1.000 millones de pesos reclamada por el gremio y su obra social por aportes no realizados.
Además, la concursada adeudaba parte de la segunda cuota del acuerdo homologado, más la totalidad de la tercera, cuarta y quinta cuotas, sumando un total de 293.857 dólares. Ante la intimación judicial, la empresa «ha guardado silencio».
A partir de la quiebra, el supuesto dueño de Conosur SA, el empresario venezolano Jorge Luis Borges León, perdió el control de la compañía. La justicia ordenó que se le pida a las autoridades migratorias la necesidad de una autorización judicial expresa para su eventual salida del país, además de quedar inhibido de realizar movimientos con los bienes y el capital de la firma. También se le solicitó que entregue «las llaves del establecimiento y/o claves de acceso digital».
El Caso Maralac y ARSA
Este colapso se enmarca en una crisis mayor ligada al grupo inversor. Días antes de la quiebra de La Suipachense, la justicia comercial también decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la cual producía postres y yogures con marca SanCor, dejando a más de 400 trabajadores sin noticias de los empresarios. Ambas compañías, La Suipachense y ARSA, estaban bajo la gestión del grupo venezolano Maralac. En total, se estima que el retiro de Maralac del negocio lácteo argentino ha dejado a más de 600 trabajadores sin empleo.
La justicia ha fijado la fecha del 10 de febrero de 2026 como límite para que los acreedores se presenten a verificar sus créditos. Posteriormente, el 14 de mayo del próximo año se presentará un informe general sobre el estado de la compañía.
