La administración Kicillof afronta un duro problema de sortear. Asociaciones médicas deciden no atender ante la falta de respuesta. Nuestra ciudad cuenta con una gran cantidad de afiliados.
A la par de los inconvenientes que sufren los afiliados a PAMI también en Mercedes es grande el inconveniente que enfrentan miles de vecinos por la situación preocupante que atraviesa IOMA.
Docentes, policías y empleados públicos son quienes, entre otros, tienen la mencionada obra social, y que desde hace un buen tiempo a esta parte viene con recortes de servicios.
Teniendo en cuenta la cantidad de empleados con dicha obra social y la composición familiar de cada uno de ellos, el número de afectados es más que importante.
La obra social tiene 2.132.220 personas afiliadas, según informa en su sitio web oficial. Son producto de afiliaciones obligatorias, voluntarias y por convenios con otras provincias. Cuenta con 14 direcciones regionales y 198 oficinas de atención en el territorio bonaerense.
Lo cierto es que en algunos distritos las asociaciones médicas han iniciado fuertes medidas. En La Plata, la AMP endurece su reclamo por una deuda de $1.300 millones y advierte que los atrasos ya afectan la atención y agravan la crisis del sistema de salud bonaerense.
La Agremiación Médica Platense (AMP) elevó el tono y declaró el estado de alerta médico gremial frente a lo que describe como un incumplimiento sistemático por parte del IOMA. El eje del conflicto es concreto y cuantificable: el Instituto aún no abonó la totalidad de las prestaciones correspondientes a febrero y mantiene una deuda cercana a los $1.300 millones. En un sistema que funciona con márgenes cada vez más estrechos, ese atraso no es un detalle administrativo, sino un factor de desestabilización directa.
Desde la entidad remarcan que el reclamo no es reciente ni aislado. Las gestiones para regularizar los pagos se repitieron “por múltiples vías y en reiteradas oportunidades”, sin que hasta el momento exista una respuesta concreta del organismo. Esa falta de interlocución no solo agrava la situación financiera de los prestadores, sino que erosiona la confianza en el vínculo institucional con el principal financiador de la salud en la provincia.
Desde la AMP vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre un deterioro progresivo del sistema de salud, marcado por atrasos, desactualización de aranceles y una creciente pérdida de previsibilidad. La deuda actual funciona, en ese sentido, como síntoma de una estructura que ya no logra sostenerse sin sobresaltos.
En ese contexto, la declaración de alerta gremial no aparece como un gesto aislado, sino como la antesala de posibles medidas de fuerza. El mensaje es claro: sin regularización de pagos y sin garantías mínimas de funcionamiento, la continuidad de la atención empieza a quedar en discusión. Y cuando el sistema entra en esa zona, el problema deja de ser sectorial para convertirse en una amenaza directa para los pacientes.
