El Gobierno nacional ya oficializó la entrega en concesión privada del denominado Tramo Pampa de la Ruta Nacional N° 5, un corredor neurálgico que une la localidad bonaerense de Luján con Santa Rosa, la capital de La Pampa. Mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, publicada recientemente en el Boletín Oficial, se selló el destino de esta traza fundamental para la producción agroindustrial por un extenso período de 20 años. Todo indica que la nueva concesión deberá hacerse cargo el venidero miércoles 1º de julio.
La firma adjudicataria resultó ser Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA), una empresa con sede en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. La constructora cuenta en su porfolio con proyectos de alto perfil como la ampliación del Aeropuerto Jorge Newbery y el Paseo del Bajo en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, bajo el amparo de la Ley Bases y en el marco del proceso de desmantelamiento y privatización de Corredores Viales S.A., la firma privada asumirá las tareas de explotación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en toda la traza.
La medida impacta de forma directa e inmediata en una decena de distritos bonaerenses entre ellos Mercedes, Suipacha o Chivilcoy, entre otros. Estas ciudades integran uno de los corredores viales más transitados y críticos del país, clave para el flujo logístico entre el interior productivo y los puertos de la provincia de Buenos Aires.
El nuevo esquema altera profundamente el mapa de recaudación con la futura incorporación de dos nuevas estaciones de peaje: una ubicada en Gorostiaga (partido de Chivilcoy, km 117) y otra en la localidad pampeana de Lonquimay (km 544). Estas nuevas cabinas de cobro se acoplarán a las tres ya existentes en Olivera (km 86), 9 de Julio (km 244) y Trenque Lauquen (km 470), multiplicando los puestos obligatorios de pago a lo largo del trayecto.
Según los pliegos de la oferta ganadora, el costo proyectado por peaje representará casi el doble de la tarifa mínima actual de $ 1.500 para vehículos livianos. CEOSA estipuló una tarifa base de $ 2.355,37 que, al adicionarle el Impuesto al Valor Agregado (IVA), eleva el valor estimado final a unos $ 2.850 por cabina. No hay precisiones en torno a si este nuevo valor comenzará a regir en la semana en curso.
Sin embargo, a pesar de los números nominales presentados en la licitación, el valor definitivo que pagarán los usuarios en el corto plazo es una incógnita absoluta. El volátil contexto macroeconómico y las cláusulas de indexación contractual abren un escenario totalmente impredecible sobre cuál será el cuadro tarifario real al momento en que la nueva concesionaria comience efectivamente a cobrar en las cabinas.
A esta situación se suma otra preocupación pues poco y nada se sabe sobre el futuro laboral de los trabajadores viales que actualmente operan en las estaciones de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen. El traspaso de la gestión de la estatal Corredores Viales S.A. a manos de la empresa privada CEOSA se ha dado sin precisiones claras sobre la continuidad de los puestos de trabajo o el mantenimiento de sus condiciones contractuales. Son más probables los despidos con sus correspondientes indemnizaciones que cualquier otro camino. Pero aún, ni siquiera operarios o fuentes gremiales, prefieren referirse al tema al menos públicamente.
A pesar del incremento en la presión tarifaria para transportistas y automovilistas que a diario reclaman por el severo desgaste de la calzada y los altos índices de siniestralidad, el contrato establece que la empresa concesionaria limitará sus obligaciones fundamentales a tareas de mantenimiento ordinario, conservación de banquinas, señalización básica y asistencia al usuario. La gran decepción radica en la ausencia total de plazos u obligaciones firmes para la ejecución de obras estructurales de ampliación o la postergada transformación de la ruta en una autopista segura.
Esta omisión adquiere ribetes escandalosos al confirmarse que la empresa privada no deberá hacerse cargo de proyectos de gran envergadura indispensables para el corredor. El ejemplo más paradigmático de esta política es la parálisis de la continuidad de la autopista Mercedes – Suipacha. Dicha obra fundamental fue interrumpida hace escasas semanas por decisión directa del Gobierno nacional, el cual resolvió congelar y «pisar» el desembolso de los recursos provenientes de organismos internacionales de crédito que estaban específicamente asignados para financiar ese tramo.
