A días de que el corredor vial de Ruta 5 pase a manos privadas y con la incertidumbre sobre actividades para un buen número de trabajadores, desde el espacio político Epika decidieron manifestar su acompañamiento hacia aquellos que perderán su fuente de trabajo.
«Desde Epika Mercedes queremos expresar nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Corredores Viales, de la Ruta Nacional Nº 5 y con sus familias, quienes atraviesan una situación de profunda incertidumbre laboral ante el cambio de concesión que entrará en vigencia a partir del 1.º de julio», comienzan manifestando en una comunicación.
Agregan que el Gobierno nacional adjudicó la concesión del denominado Tramo Pampa de la Ruta Nacional Nº 5 a la empresa CEOSA, que tendrá a su cargo la operación y el mantenimiento del corredor durante los próximos años.
Según denuncian los trabajadores y sus representantes, la nueva concesionaria dejaría sin continuidad laboral a la totalidad del personal actualmente afectado al corredor y propondría el pago de las indemnizaciones en cuotas, generando una enorme preocupación entre las familias trabajadoras.
Desde Epika sostienen que los trabajadores advierten que el nuevo esquema operativo contaría únicamente con dos móviles de seguridad vial para cubrir más de 200 kilómetros de recorrido y que se eliminarían la balanza y los controles de camiones, reduciendo las tareas de prevención y fiscalización. De confirmarse estas medidas, se vería seriamente afectada la seguridad vial de miles de usuarios y usuarias que transitan diariamente por la Ruta Nacional Nº 5.
Agregan que también resulta preocupante la ausencia de anuncios de obras estructurales que mejoren la seguridad y la infraestructura de una ruta históricamente reclamada por las comunidades de la región.
«Desde Epika Mercedes entendemos que estas políticas vuelven a golpear a la clase trabajadora y generan incertidumbre en cientos de familias. La defensa del trabajo, de la seguridad vial y de los derechos de quienes sostienen estos servicios debe ser una prioridad».
«Nos solidarizamos con las trabajadoras y los trabajadores afectados y exigimos al Gobierno nacional y a la empresa concesionaria que garanticen la continuidad laboral, el respeto de los derechos adquiridos y las condiciones de seguridad vial necesarias para toda la comunidad», concluyeron.
