La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la subasta de las 141 viviendas inconclusas ubicadas en la zona de ex Acceso Sur y calle 110 abrió un intenso debate en Mercedes. Mientras algunos dirigentes consideran que se trata de una alternativa necesaria para destrabar una obra paralizada desde hace años, otros sostienen que el Estado está incumpliendo un compromiso asumido con cientos de familias y renunciando a una política pública de acceso a la vivienda.
Más allá de las diferencias, existe un punto de coincidencia: el actual estado de abandono no representa una solución y el complejo habitacional necesita una definición que permita concluir las obras.
Entre quienes cuestionan la decisión se encuentra la diputada nacional Sabrina Selva, quien vincula la medida con la política habitacional del Gobierno de Javier Milei. Para la legisladora, la paralización y posterior subasta de los desarrollos del Pro.Cre.Ar. forman parte de una definición ideológica que deja de considerar a la vivienda como una responsabilidad del Estado. “Están rematando la Argentina”, afirmó, al tiempo que recordó que existen alrededor de 100.000 viviendas del Pro.Cre.Ar. paralizadas en todo el país.
Según Selva, el Gobierno nacional eligió abandonar una herramienta que había sido concebida como política de Estado y reemplazarla por una lógica en la que el mercado sea el principal ordenador del acceso a la vivienda.
En la misma línea se expresó el concejal de Fuerza Patria, Santiago Altube, quien considera que la subasta no resuelve un problema sino que intenta encontrar una salida a una situación generada por la propia administración nacional. “Lo correcto era finalizar el programa, asignar las casas y después, si se consideraba necesario, corregir aspectos del sistema en una segunda etapa”, sostuvo.
Altube remarcó la importancia que tienen 141 viviendas para una ciudad como Mercedes y recordó que las obras permanecen detenidas desde hace tres años. Si bien aclaró que no considera negativo que un privado participe en la finalización del proyecto y obtenga una ganancia razonable, advirtió que el verdadero interrogante será bajo qué condiciones podrán acceder los futuros adjudicatarios.
En ese sentido, señaló que la experiencia de los créditos UVA durante el gobierno de Mauricio Macri dejó antecedentes que obligan a analizar con cautela cualquier esquema de financiamiento. “Si una familia está pagando un alquiler de 500, 600 o 700 mil pesos y termina accediendo a una cuota similar o más alta, el problema sigue siendo el mismo”, planteó.
Para el edil, la intervención privada solo tendrá sentido si garantiza un acceso real a la vivienda y evita que la rentabilidad empresaria termine imponiéndose sobre la finalidad social del proyecto.
Del otro lado aparecen quienes consideran que la subasta puede convertirse en una herramienta para recuperar una obra paralizada y transformarla finalmente en viviendas habitadas.
El concejal vecinalista Bernardo Zubeldía entiende que el peor escenario es la falta de decisiones y el deterioro progresivo de una inversión ya realizada por el Estado nacional. “Lo peor que puede hacer un gobierno es no tomar decisiones”, afirmó.
Desde su perspectiva, si la subasta permite retomar la construcción, generar empleo local, movilizar inversión privada y concluir las 141 viviendas, la iniciativa debería ser acompañada. Zubeldía pone el foco en la necesidad de evitar que el complejo continúe deteriorándose mientras se espera una solución que nunca llega.
Una mirada similar expresó el concejal de La Libertad Avanza, Mauricio Pollacchi, quien considera que el proceso representa “un paso adelante”.
Según su análisis, lo más probable es que una empresa desarrolladora adquiera el emprendimiento, complete las obras y posteriormente comercialice las viviendas mediante créditos hipotecarios. Pollacchi también atribuye la situación actual a decisiones tomadas durante la gestión anterior.
Recordó que las viviendas habían sido anunciadas con fecha de finalización para 2022 y señaló que muchas obras públicas fueron iniciadas sin contar con recursos suficientes para concluirlas. “Se iniciaron muchas más obras de las que realmente podían financiarse”, sostuvo.
A su entender, la diferencia es que ahora existe una alternativa concreta para terminar las viviendas y ponerlas en condiciones de ser habitadas. Respecto de los futuros compradores, consideró que los requisitos serían similares a los que regían en el Pro.Cre.Ar: personas con empleo formal, capacidad de afrontar un crédito hipotecario y necesidad de acceder a una primera vivienda.
Mientras avanza el proceso de subasta, la discusión política en Mercedes refleja dos miradas claramente diferenciadas. Por un lado, quienes entienden que el Gobierno nacional está renunciando a una política pública de vivienda y trasladando al mercado una responsabilidad que antes asumía el Estado. Por otro, quienes sostienen que, frente a una obra paralizada y sin perspectivas de financiamiento público, la participación privada aparece como la única alternativa viable para terminar las viviendas.
