La sanción definitiva de la ley nacional que modifica el Régimen de Zona Fría encendió una señal de alarma en Mercedes. La eliminación del beneficio tarifario amenaza con profundizar el deterioro del poder adquisitivo de miles de familias y trasladar el impacto de las facturas de gas a toda la actividad económica local.
La medida, aprobada por el Senado de la Nación, modifica el esquema de subsidios vigente y deja sin la bonificación por Zona Fría a usuarios de numerosos distritos. En el caso de Mercedes, el impacto alcanzaría a unos 17.000 hogares, que podrían enfrentar incrementos de hasta el 100 % en sus facturas, según las estimaciones difundidas a nivel local.
El efecto no se limitaría a un nuevo aumento de los servicios. En una economía familiar ya condicionada por el encarecimiento del costo de vida, pagar el gas podría significar resignar gastos esenciales, postergar compras y reducir todavía más el margen disponible para llegar a fin de mes.
Las cifras permiten dimensionar la magnitud del impacto. De acuerdo con los datos atribuidos a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, el costo del servicio acumula un incremento superior al 800 % en apenas tres años.
Una factura residencial que en 2023 rondaba los $ 10.000 y que durante este año promedió los $ 60.000 podría trepar hasta los $ 110.000 por período, de acuerdo con las proyecciones difundidas.
El cambio en el régimen de subsidios agrega otro factor de preocupación. La eventual bonificación que continúe vigente se calcularía sobre el precio del gas en boca de pozo, y no sobre el monto total de la factura. De esta manera, los componentes correspondientes al transporte y la distribución quedarían fuera de ese descuento.
A su vez, los usuarios que pierdan el beneficio de Zona Fría solo podrían acceder a una asistencia alternativa si cumplen con los requisitos del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, entre ellos, el límite de ingresos establecido. Mientras tanto, continuarían afrontando el recargo destinado al sistema, que puede alcanzar el 7,5 %.
El resultado es un panorama de mayor incertidumbre para los hogares, que deberán reorganizar sus presupuestos frente a facturas que podrían absorber una porción cada vez más importante de sus ingresos.
Pero el impacto más profundo podría sentirse mucho más allá de las puertas de cada vivienda. La quita del beneficio amenaza con convertirse también en un duro golpe para el comercio y los servicios de Mercedes, al retirar del circuito económico local una suma millonaria.
Según las estimaciones difundidas, los vecinos deberán destinar alrededor de $ 60.000 adicionales por factura, un desembolso que, proyectado sobre los hogares alcanzados, representaría más de $ 1.020 millones que dejarían de circular en la ciudad.
Ese dinero tendrá que salir de algún lado. Y, en buena medida, podría provenir de los gastos que sostienen la economía cotidiana: las compras en almacenes, carnicerías y verdulerías, los medicamentos en las farmacias, la indumentaria, las salidas gastronómicas y la contratación de trabajadores, profesionales y prestadores de servicios.
Cada peso que una familia deba destinar a pagar el gas será un peso menos disponible para consumir. La consecuencia potencial es una cadena de efectos que comienza en el presupuesto doméstico y puede terminar en la caja de los pequeños comercios, con menos ventas, menor actividad y nuevas dificultades para sostener el empleo.
En una ciudad donde buena parte de la economía depende del consumo de sus propios habitantes, la pérdida de semejante volumen de recursos representa una amenaza para el movimiento comercial. El dinero que antes alimentaba el circuito de proximidad deberá destinarse ahora a cubrir el costo de un servicio esencial.
Mercedes no es una excepción. La modificación del Régimen de Zona Fría alcanza también a otras localidades de la región, donde más de 171.000 usuarios de 19 distritos quedarían afectados, según las estimaciones difundidas.
Entre las ciudades alcanzadas se encuentran Chivilcoy, Bragado y San Andrés de Giles, en un escenario que extiende la preocupación por el impacto de las tarifas sobre los presupuestos familiares y la actividad económica regional.
