(De la redacción)
La circulación de un video en redes sociales puede llevar, en cuestión de horas, a instalar sospechas, generar cuestionamientos y poner en tela de juicio el trabajo de personas e instituciones. Pero cuando las imágenes se difunden sin información suficiente y se convierten en fundamento de acusaciones, el impacto puede ir mucho más allá de una discusión virtual. En este caso, CAIDIM decidió salir públicamente a aclarar lo ocurrido durante el retiro de papel del Archivo de Tribunales de Mercedes, material que la institución recibe para su posterior reciclado.
A través de un comunicado firmado por su directora, Soledad Despalanques, CAIDIM explicó el procedimiento que lleva adelante desde hace años para recuperar papel y otros materiales, una actividad que tiene un doble propósito: contribuir al reciclado y generar trabajo para sus operarios.
La aclaración surgió luego de que un video difundido en redes sociales despertara cuestionamientos sobre el traslado de expedientes y la participación de vehículos municipales. Frente a esa situación, la institución buscó aportar los datos que, según sostuvo, no fueron considerados antes de que se formularan acusaciones públicas.
Desde CAIDIM señalaron que reciben donaciones de papel de distintos organismos e instituciones, entre ellos defensorías, fiscalías, tribunales, estudios contables y jurídicos, fábricas y empresas. En algunos casos, la entrega requiere cumplir protocolos específicos.
Según detalló Despalanques, el material procedente del Archivo de Tribunales, se entrega mediante una nota de la Corte en la que se identifican los números de legajos autorizados para su destrucción. El procedimiento, indicó, establece responsabilidades para ambas partes y queda documentado con las firmas correspondientes. Por CAIDIM firma la directora de la institución, mientras que por el Poder Judicial lo hace Silvia Capoferri, jefa del Archivo.
La responsable del taller también describió cómo se realiza el retiro. Los operarios trasladan manualmente los expedientes desde el depósito del Archivo hasta la vereda, acompañados por la propia directora. Una vez reunido el material, se solicita el vehículo para su traslado. Durante ese proceso, afirmó, una persona de CAIDIM permanece junto al papel para custodiarlo y mantener el control sobre la carga.
Uno de los puntos centrales de la explicación está relacionado con la participación de la Municipalidad de Mercedes. De acuerdo con lo expresado por Despalanques, CAIDIM dejó de contar hace aproximadamente un año con su camioneta, que debió vender por razones económicas.
Desde entonces, la institución recurrió a un servicio de flete para trasladar los materiales. Sin embargo, el costo actual asciende a unos 50.000 pesos por viaje: 25.000 por la carga y otros 25.000 por la descarga en el taller. Un gasto que, según explicó, puede superar lo que se obtiene por la venta del papel recuperado. Ante esa dificultad, CAIDIM solicitó colaboración al Municipio para disponer de un vehículo que permitiera realizar el traslado sin afrontar ese costo.
Una vez completada la carga, el vehículo se dirige al taller para descargar el papel, acompañado por el automóvil de la directora y los operarios que participaron del trabajo, según detalló la institución.
Más allá de la explicación sobre el procedimiento, el comunicado de CAIDIM plantea una cuestión que excede el episodio puntual: la responsabilidad que implica difundir imágenes y formular acusaciones en las redes sociales sin contar con toda la información.
“Lamentamos enormemente que sin información alguna hayan salido a poner en riesgo la importante labor que realiza nuestra institución en materia de reciclado”, expresó Despalanques. También cuestionó que, en lugar de acercarse a consultar qué estaba ocurriendo, quienes registraron la situación optaran por filmar y acusar “sin fundamentos”.
La directora consideró que la difusión respondió a una intención de perjudicar a la Municipalidad, cuando, desde la perspectiva de CAIDIM, la participación municipal constituye una ayuda concreta para sostener una actividad que beneficia a la institución y a sus trabajadores.
El planteo merece una reflexión. En tiempos en los que cualquier persona puede registrar una escena, publicarla y convertirla en motivo de debate público, la velocidad de difusión suele imponerse sobre la necesidad de comprobar los hechos. Una imagen puede mostrar una parte de una situación, pero difícilmente alcance, por sí sola, para explicar todo lo que sucede alrededor.
Filmar no es necesariamente informar. Publicar no equivale a comprobar. Y una sospecha, por más convincente que parezca a primera vista, no se transforma automáticamente en una certeza por el solo hecho de circular y acumular comentarios o reproducciones.
Antes de señalar irregularidades, corresponde averiguar qué ocurrió, consultar a las personas involucradas y reunir elementos que permitan sostener aquello que se afirma. Porque cuando la desinformación golpea, sus consecuencias no siempre recaen sobre quienes protagonizan una discusión política. También pueden alcanzar a instituciones que trabajan con recursos limitados, a sus trabajadores y a las personas que encuentran allí un espacio de inclusión y desarrollo laboral.
Buena oportunidad también para reflexionar respecto a ¿qué responsabilidad asumimos cuando compartimos una acusación sin saber si es cierta? En una sociedad atravesada por la inmediatez digital, detenerse a preguntar antes de publicar no es un detalle menor. Es una forma de cuidar el derecho a la información, evitar daños innecesarios y reconocer que detrás de cada imagen hay una historia que merece ser conocida antes de ser juzgada.
