La polémica por los aumentos aplicados en los peajes de la Ruta Nacional 5 sumó un nuevo capítulo, aunque todavía quedan más preguntas que respuestas. Desde el pasado 2 de noviembre, las estaciones de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen volvieron a cobrar las tarifas que regían antes de mediados de octubre, cuando la concesionaria había aplicado incrementos que, en algunas categorías, superaron el 130 %.
La marcha atrás fue concreta y pudo comprobarse directamente en las cabinas de cobro y hasta en el portal oficial de la empresa Pentavía. Lo que todavía no aparece con la misma claridad es el respaldo administrativo de las decisiones. Hasta el momento, no se han podido identificar publicaciones en el Boletín Oficial ni resoluciones disponibles en los canales institucionales que permitan establecer con precisión qué organismo autorizó el nuevo cuadro tarifario, bajo qué condiciones se instrumentó o mediante qué disposición se ordenó posteriormente retrotraerlo.
En los últimos días, distintos medios difundieron que Vialidad Nacional habría detectado incumplimientos de la concesionaria en las tareas de mantenimiento y conservación del corredor y que, como consecuencia, la empresa habría recibido una sanción. También se informó que debería devolver a los usuarios las diferencias cobradas durante el período en que estuvieron vigentes los aumentos.
Sin embargo, más allá de la circulación de esa información, no se conocen los instrumentos administrativos que permitan confirmar oficialmente esos procedimientos, sus alcances y sus condiciones de aplicación. Tampoco se ha informado de manera pública cómo, cuándo y bajo qué mecanismo se concretarían las eventuales devoluciones. Mucho menos creíble resulta todo cuando a mediados de octubre la misma Vialidad Nacional destacó la labor de la empresa asegurando que rehabilitó 500 kms del camino.
La secuencia tiene dos hechos comprobables. Primero, la operadora Pentavía, responsable del corredor vial, comenzó a cobrar un cuadro tarifario sustancialmente más elevado en sus tres estaciones de peaje. Después, el 2 de noviembre, volvió a los valores anteriores.
Durante ese período, las motocicletas también habían perdido la exención que históricamente tenían en esas estaciones y comenzaron a pagar. Con la vuelta al esquema anterior, recuperaron ese beneficio.
Para los automóviles, la tarifa con TelePASE había pasado a $ 4.262,18 y regresó a $ 1.787,10. En el caso de los vehículos de carga de tres ejes, el valor descendió de $ 12.786,52 a $ 5.361,30. Las diferencias fueron considerables para quienes utilizan habitualmente la Ruta 5, tanto por razones laborales como comerciales o de transporte.
Lo llamativo es que tanto el aumento como su posterior retroceso se reflejaron directamente en el funcionamiento de las cabinas, pero no cuentan, al menos hasta ahora, con una explicación documental accesible que permita reconstruir el procedimiento.
La cuestión no es menor. Una concesión vial supone una relación contractual entre el Estado y una empresa privada, pero también una relación cotidiana con miles de usuarios que deben pagar para circular. Las modificaciones tarifarias, las sanciones y las obligaciones de mantenimiento no pueden quedar libradas a versiones periodísticas o comunicaciones informales. Necesitan actos administrativos claros, públicos y verificables.
Mientras se aguardan precisiones sobre el destino de las sumas cobradas durante los días de aumento, los usuarios tienen la posibilidad de iniciar reclamos individuales.
En Mercedes, una alternativa es recurrir a la delegación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, ubicada en avenida 30, donde pueden plantearse situaciones vinculadas con la prestación del servicio y los derechos de quienes utilizan el corredor.
La falta de información sobre un eventual procedimiento general de reintegro no debería impedir que cada usuario deje asentado su reclamo, especialmente si cuenta con comprobantes de pago, registros de TelePASE u otros elementos que permitan acreditar los importes abonados.
Por ahora, tampoco está claro si la concesionaria instrumentará una devolución automática, si habilitará algún mecanismo específico o si cada afectado deberá gestionar individualmente la recuperación de las diferencias.
Los usuarios terminaron pagando durante varios días tarifas considerablemente superiores y luego encontraron que los valores habían vuelto a su punto de partida. Pero todavía no tienen una explicación oficial completa sobre lo sucedido ni certezas acerca de la recuperación del dinero que abonaron de más.
Foto: Este nuevo cuadro tarifario publicó la empresa concesionaria el pasado 2 de noviembre.
