El pedido de un grupo de docentes para quedar eximidos del pago de estacionamiento medido en Mercedes terminó con un despacho dividido en el Concejo Deliberante. Durante la penúltima sesión ordinaria del actual período legislativo, los bloques de Fuerza Patria y La Libertad Avanza coincidieron en impulsar el archivo de las actuaciones. En cambio, la UCR y Vecinos por Mercedes acompañaron la propuesta de establecer una excepción para aquellos docentes que, por razones de servicio, deban trasladarse de un establecimiento educativo a otro dentro del radio de estacionamiento tarifado.

La discusión tuvo varios momentos de tensión y dejó en evidencia diferencias no solamente sobre la conveniencia de otorgar el beneficio, sino también acerca de cómo interpretar la respuesta del Departamento Ejecutivo y en qué momento corresponde avanzar con una modificación de este tipo.

El concejal de Fuerza Patria, Ramiro Piccone, explicó que el expediente llevaba aproximadamente un mes y medio de tratamiento en comisión y que existía voluntad de continuar analizándolo. «Lo digo como docente, nos gustaría que ese grupo, que es reducido, tenga ese beneficio», expresó, aunque recordó que el ciento por ciento de lo recaudado por estacionamiento medido tiene como destino el transporte público.

Piccone señaló que el Ejecutivo había expuesto razones por las cuales no consideraba posible avanzar en ese momento con la excepción. Según relató, la alternativa era mantener el expediente en comisión y seguir trabajando, pero la insistencia de la oposición para definirlo durante esa sesión terminó llevando al archivo.

También recordó que anteriormente hubo pedidos similares de otros sectores, entre ellos empleados municipales, trabajadores de comercio y judiciales, que no prosperaron. En ese marco, cuestionó lo que consideró una intención de algunos concejales de obtener exposición pública a partir del tema.

Desde la UCR, Daniel Ivaldis rechazó la interpretación de que existiera un apuro por tratar el expediente o una búsqueda de protagonismo mediático. El concejal recordó que su bloque ya había presentado el año anterior un proyecto para eximir a los docentes, al considerar que el estacionamiento representaba una carga económica sobre quienes deben movilizarse por razones laborales. «Habíamos acordado darle un cierre, teníamos que dar alguna respuesta. El pedido fue hace largos meses», sostuvo.

Ivaldis cuestionó que el oficialismo terminara aceptando las objeciones del Departamento Ejecutivo, incluso cuando algunos de sus integrantes inicialmente compartían la necesidad de otorgar el beneficio.

Además, puso sobre la mesa una cuestión que atravesó buena parte del debate: las excepciones que ya existen. En particular, mencionó la reserva de espacios para el área de Prensa Municipal, señalando que el Municipio sí contempla determinadas situaciones especiales. «Lejos del apuro y los medios y el oportunismo, tenemos que dar algún tipo de respuesta», insistió.

La concejala Silvia Di Leo (LLA) explicó que acompañarían el dictamen de mayoría, aunque aclaró que la decisión no respondía a una subordinación al Ejecutivo, sino a cuestiones técnicas vinculadas con el Código Tributario.

Según planteó, actualmente no sería el momento adecuado para instrumentar una excepción de esas características y tampoco existía certeza de que la medida resolviera el problema de fondo. No obstante, dejó abierta la posibilidad de volver a discutir el tema más adelante.

Por Vecinos por Mercedes, Bernardo Zubeldía adhirió a los argumentos de Ivaldis y puso el foco en el costo que representa el estacionamiento para los trabajadores, relacionándolo con los salarios y el valor de la hora de estacionamiento, que ubicó en torno a los mil pesos.

El concejal vecinalista pidió que la discusión no se postergue hasta el año próximo, al advertir que 2027 será un año electoral y que el Ejecutivo podría terminar definiendo entonces una cuestión que, a su entender, debía resolverse con anticipación.

La respuesta más enérgica llegó desde el bloque de Fuerza Patria, a través de Santiago Altube, quien cuestionó los argumentos de la oposición y particularmente la acusación de que el Ejecutivo había aplicado un «hachazo» al pedido.

El concejal sostuvo que el estacionamiento medido no constituye un impuesto al trabajo, sino una herramienta de ordenamiento del tránsito, y recordó que el Concejo ya había rechazado por unanimidad pedidos de excepción de otros sectores, entre ellos médicos que realizan visitas domiciliarias.

«Hay que decir las cosas como son», planteó, al tiempo que advirtió sobre la presencia de los docentes que habían firmado la petición en el recinto, lo que, a su entender, podía condicionar las posiciones de los concejales.

Altube también rechazó que se mezclara la reserva de espacios para Prensa Municipal con el beneficio solicitado por los docentes y explicó que las excepciones deben analizarse cuando se discute la Ordenanza Fiscal e Impositiva.

Según su interpretación, el Ejecutivo no había cerrado definitivamente la puerta a la propuesta, sino que había señalado que debía estudiarse en el momento correspondiente.

La posición del Departamento Ejecutivo quedó plasmada en un dictamen del secretario de Seguridad, Matías Maresca, que fue uno de los elementos centrales para fundamentar el rechazo. El funcionario reconoció las dificultades planteadas por los docentes, pero consideró que no resultaba oportuna la excepción solicitada. Entre los argumentos mencionó que podría generar una ocupación prolongada de los espacios de estacionamiento por cuestiones laborales. También recordó que se habían rechazado solicitudes similares de comerciantes, empleados municipales y hasta del hospital, por lo que entendió que correspondía mantener un criterio general.

El dictamen hizo referencia al artículo 73 de la Ordenanza Impositiva y advirtió que una excepción de estas características tendría incidencia sobre los recursos destinados a otros servicios, particularmente el transporte público.