Cuando hablamos de la relación costo-beneficio para la definición de la tarifa del peaje, nos estamos refiriendo a una serie de servicios que se prestan sobre la ruta nacional, que en alguna oportunidad (allá lejos y hace tiempo), dejaron de compensarse. En tal sentido vamos a hacer un repaso por esas historias que marchan paralelas, aunque por carriles diferentes.

El primer aspecto a tener en cuenta es que cuando el Estado define un nuevo cuadro tarifario también está incrementando su recaudación, sea la concesión privada o se explote por parte de una sociedad anónima cuyo paquete accionario corresponde mayoritariamente al sector público.

La tarifa se compone también del IVA, que, en cada una de las cabinas de Corredores Viales, en sus diez tramos, más la Autopista Ricchieri, siguen aún en explotación de la SA a la que hacíamos referencia. Insistimos que esta no es una cuestión nueva, sino de siempre.

El segundo aspecto tiene que ver con el plan de contingencia que las concesionarias deben presentar anualmente. Esto significa que tienen que elaborar o diseñar un manual de procedimiento donde cada actor involucrado pueda cumplir su rol para ser eficientes en la demanda.

Dentro de esos planes de contingencia han figurado históricamente en el tramo de ruta que atraviesa el partido de Mercedes, el Hospital Blas L. Dubarry y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

También allá lejos y hace tiempo, una concesionaria cuando aún estaba en manos del sector privado, había firmado sendos contratos con las instituciones mencionadas, a los efectos que respondan ante cualquier siniestro que se produzca en ese camino. Por esa prestación el Dubarry y los Bomberos recibían una suma de dinero traducida en litros de combustible.

Pero un buen día dejaron de pagar, hecho que no significó que cuando se requiera la emergencia de una ambulancia del hospital o un móvil de Bomberos, dijera no al llamado. Por el contrario, no andan preguntando en la emergencia dónde fue el accidente para acudir al rescate.

Sin embargo, la desidia de los sucesivos gobiernos hace que esta situación siga siendo ignorada, incluso en algunos casos con planteos alocados que fueron desechados por completo.

El presidente de la cooperadora del hospital, Carlos Milhomme, confirmó que el contrato oportunamente firmado se incumplió de un día para otro y nunca más el hospital recibió dinero alguno de una concesionaria o de quien se encargue de cobrar el peaje en la Ruta 5.

En el caso de Bomberos pasó algo similar, aunque mostraron algo más de interés con una idea un tanto rebuscada. El acuerdo que se había realizado significaba que el concesionario vial pagaba unos 100 litros de gas oíl por mes. El equivalente en dinero. Pero un buen día recibieron la propuesta de retirar esos 100 litros en una estación de servicio YPF que estaba ubicada sobre General Paz.

Demás está decir que el “plan chino” fue descartado y otra vez las concesionarias del peaje volvieron a ganar por cansancio. Claro que Bomberos tiene preocupación por este tema en virtud de las salidas por accidentes y las constantes intervenciones en incendio de pastos que no se cortan en las márgenes o canteros centrales del camino.

De todos modos, es oportuno mencionar que el aporte de 100 litros es en “metálico” unos 170 mil pesos y los servidores públicos tienen un costo que supera los 500 mil pesos por salida.

No ha sido el único “paga Dios” que han tenido, porque si se recuerda también la concesionaria de gas natural (Naturgy) que debía tener una guardia, delegó en Bomberos las primeras intervenciones y el único beneficio que le reportó fue no abonar el servicio, cuestión que en la actualidad no tiene mayor sentido porque por la Ley provincial de Fortalecimiento Institucional, Bomberos no paga ni gas ni luz.

Metiéndonos en el mundo de las tasas municipales, también debe decirse que los mercedinos tenemos dentro de las cuotas que abonamos, un aporte a Bomberos y al hospital. Son tiempos donde especialmente de sectores del Gobierno nacional se cuestiona el cobro de tasas municipales, sin embargo, los mercedinos cubrimos en parte con esos rubros lo que Nación hace tiempo ignora por completo.

Ni qué hablar que Corredores Viales ha judicializado un reclamo que oportunamente realizó el Municipio y que viene de tiempos inmemoriales. La comuna pretendió que el peaje de Olivera tribute la tasa de Seguridad e Higiene por ejercer la actividad comercial en el partido de Mercedes. Pero la concesionaria argumenta que su razón social está en CABA por lo tanto no corresponde. Hasta en eso no quieren hacer desembolso alguno.

En resumen, cuando se aumenta una tarifa hay que preguntarse en esa relación costo beneficio, cuál es el beneficio por el aumento del costo. La realidad nos indica que los costos son mayores, pero esos beneficios han ido en “picada” desde hace muchos años atrás.