Los cambios introducidos por el Gobierno nacional dejan en duda la continuidad de muchas agencias regionales. El titular del INTA confirmó que habrá un proceso de retiros voluntarios.
En la edición anterior de Protagonistas se hizo referencia a la decisión del Gobierno nacional en iniciar nuevos recortes en distintas estructuras, entre ellas el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Lo cierto es que con la publicación del decreto 462/2025, el Gobierno dejó por escrito lo que no puede dejar de leerse como una gran derrota de los productores. Sus entidades gremiales más representativas perderán la injerencia histórica que tenían tanto en la conducción del INTA como en la política sobre semillas.
Tras la confirmación en el DNU de la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE), que va de la mano con la desaparición de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE); y la degradación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con las correspondientes modificaciones en su Consejo Directivo, los privados perdieron gran parte de su representación en esos organismos.
En el caso del INASE, el mismo tiene presencia en Mercedes, estando a cargo Fernando Zapata, quien durante algún tiempo fuera parte del área municipal de Producción.
El sitio web “Bichos de Campo”, especializado en temas del campo, abordó la situación de los cambios introducidos por el Gobierno nacional, donde se menciona que con las modificaciones marcadas en el mencionado decreto las estructuras quedarán subordinadas ahora directamente al mando de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El megadecreto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger – que en verdad implicó la disolución o fusión de muchas otras áreas del Estado – le dedicó los capítulos 3 y 4 a estos dos institutos de importancia para el sector agropecuario.
En el tercer apartado, tras definir la disolución de INASE, el Gobierno estipuló cambios dentro de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20.247. Luego de suprimir a la Comisión Nacional de Semillas, fijó la creación de un comité asesor integrado por 10 miembros, que deberán a ser designados por la cartera que hoy conduce Sergio Iraeta.
De esas 10 sillas, 5 representarán al Poder Ejecutivo, distribuyéndose 2 lugares para el INTA y 3 para la Secretaría de Agricultura. Los 5 lugares restantes serán para el sector privado, entre los que habrá 1 fitomejorador, 2 representantes de la producción y el comercio de semillas, y 2 representantes de los usuarios.
“Los representantes de la actividad privada serán designados a propuesta de las entidades más representativas de cada sector. Su mandato durará 2 años, pudiendo ser reelegidos y no podrán ser removidos mientras dure su período, salvo causa grave. La Secretaría de Agricultura designará al presidente del comité y reglamentará su funcionamiento”, detalla el decreto.
Si bien la cantidad de sillas del sector privado no se modifica en este nuevo comité respecto de las que integraban la disuelta CONASE, lo cierto es que este espacio solo tendrá ahora un “carácter honorario”, y sus informes y recomendaciones “tendrán carácter no vinculante”.
Su función quedará supeditada a “brindar asistencia técnica, asesoramiento e intervención en las materias vinculadas a la aplicación de la presente ley cuando así lo requiera el titular de dicha Secretaría”.
La normativa nada menciona sobre los comités asesores que hasta ahora existían, que se encontraban integrados por profesionales provenientes del sector público y privado, y que se enfocaban en áreas productivas específicas.
De acuerdo con la información que aún se encuentra disponible en el sitio web de INASE, aquellas competencias eran en algodón, arroz, cereales de invierno, cereales estivales, forrajeras, forestales, oleaginosas, papa, yerba mate, viveros, análisis de semillas y denominaciones.
INTA
La otra gran derrota de los productores se confirmó en el capítulo 4 del decreto. Allí se definieron cambios dentro de la conducción de INTA, que tras 70 años perderá su autarquía política. Si bien permanecerá como un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Agricultura, desde ahora su conducción estará sometida al gobierno de turno.
La incertidumbre que queda ahora tiene que ver con los consejos regionales, sobre los que la normativa no hizo mención. Ellos son 15 y poseen representantes tanto de productores como técnicas. Se distribuyen hasta el momento en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Patagonia norte y sur, Salta, Santa Fe y Tucumán. De avanzar la motosierra sobre estas áreas, los productores sumarían otra perdida de representación a nivel regional.
La presunción es que en el nuevo esquema la nueva conducción del INTA directamente eliminará estas instancias.
Con estas modificaciones, el Gobierno logró correr los obstáculos que le impedían avanzar con sus planes dados a conocer públicamente. Estos son: despedir el 25 % del personal (1.500 sobre 6.000 empleados), vender tierras consideradas ociosas y eliminar decenas de agencias de extensión rural. No obstante, el titular del INTA, Nicolás Bronzovich, negó la idea de despidos, refiriéndose a un período de ofrecimiento de retiros voluntarios.
