El Municipio rescindió un convenio de colaboración para el alquiler de un inmueble. La Procuración General de la Provincia debe definir la situación.
Medios periodísticos de la ciudad de 25 de Mayo han confirmado que la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires tiene en sus manos la decisión de cerrar o no la Ayudantía Fiscal de 25 de Mayo, luego de que el Municipio rescindiera el convenio de colaboración firmado en el año 2013.
El Dr. Diego Canullán, abogado de dicha localidad es quien se ha manifestado al respecto en medios de aquel distrito, exponiendo la preocupación sobre la posibilidad que el Departamento Judicial Mercedes deje de tener presencia en dicho distrito.
Como se sabe, desde la decisión de realizar aperturas de este tipo, las ayudantías fiscales cumplen una función clave: garantizar el acceso rápido y cercano a la Justicia, permitiendo denunciar hechos de violencia o delitos sin necesidad de trasladarse a otras localidades, a la vez que facilita la articulación con organismos administrativos y sociales, y protege derechos fundamentales de vecinos, niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas mayores.
“No se trata solo de un edificio. Se trata de una presencia concreta del Estado en el territorio, una herramienta para fortalecer el acceso a la justicia, la convivencia democrática, la seguridad y la igualdad ante la ley”, destacó Canillán en su manifestación hecha pública.
Con respecto a esta controvertida situación que hoy vive 25 de Mayo, se pudo saber que desde el año 2013, dicha oficina judicial funcionó en un inmueble propiedad de la Asociación Civil Hogar de Niños, alquilado por la Municipalidad de 25 de Mayo mediante contratos anuales, en el marco de un convenio de colaboración institucional con el Ministerio Público Fiscal. Este acuerdo, que garantizaba el funcionamiento de un servicio esencial para el acceso a la justicia local, fue rescindido por decisión del Departamento Ejecutivo municipal, a través del Decreto N° 934/2024, comunicado formalmente mediante carta documento de fecha 8 de octubre de 2024.
A comienzos de este año, el Ministerio Público Fiscal abrió una licitación pública para el alquiler del inmueble, a la cual la Asociación Civil Hogar de Niños se presentó cumpliendo con todos los requisitos y documentación solicitada. Sin embargo, tras más de dos meses de negociaciones, y ante la falta de renovación del compromiso institucional por parte del Municipio, la Procuración General ha resuelto avanzar con el cierre definitivo de la Ayudantía Fiscal en 25 de Mayo, al considerar que no se daban las condiciones necesarias para su continuidad operativa.
El abogado Canillán señaló además que desde el mes de enero de 2024 no se ha abonado el alquiler del inmueble, lo que también ha generado un perjuicio directo a la institución locadora. “No obstante, el foco central de esta comunicación no es económico, sino la pérdida de una estructura judicial fundamental para la vida institucional del distrito”, destacó.
Más adelante, el profesional precisó que en todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires – incluyendo ciudades vecinas como Saladillo – los gobiernos locales sostienen este tipo de acuerdos con el Ministerio Público como parte de una política pública que trasciende ideologías. Incluso dentro de nuestro propio Departamento Judicial Mercedes, desde antes que en 25 de Mayo, funcionan de manera estable ayudantías fiscales descentralizadas en las ciudades de 9 de Julio, Bragado y Chivilcoy, lo cual demuestra que el sostenimiento de estas estructuras no es una excepción, sino una regla general en el sistema judicial bonaerense.
“Que 25 de Mayo se aparte de ese esquema no solo nos aísla, sino que representa un retroceso institucional que afecta directamente a toda la comunidad”.
“En este contexto, sería fundamental que los distintos sectores institucionales, comunitarios, religiosos, académicos, gremiales, profesionales y políticos del distrito se convoquen y expresen activamente, generando un marco común de respaldo para evitar el cierre de la Ayudantía Fiscal. Lo que está en juego no es un interés sectorial, sino el acceso efectivo a la justicia y la presencia activa del Estado en nuestra ciudad”, enfatizó, solicitando que este debe ser un compromiso transversal, apartidario y basado en una visión compartida del interés público local.
