El Consejo Hídrico Federal (COHIFe), organismo que integra al Estado nacional y a 14 provincias, declaró oficialmente que el informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) sobre la presencia de arsénico en el agua «carece de seriedad» y no es una herramienta válida, desestimando así la alarma que había incluido a varias ciudades bonaerenses, entre ellas Mercedes. La Municipalidad de Mercedes había previamente confirmado la potabilidad del agua de red en la ciudad, respaldada ahora por la resolución nacional.

El Consejo Hídrico Federal (COHIFe), conformado por los Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional, emitió una contundente refutación contra el denominado “Mapa de Arsénico” difundido por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). En un encuentro realizado en Mendoza el 4 de diciembre de 2025, el COHIFe aseguró que el material del ITBA no reúne “las condiciones técnicas, científicas, metodológicas y documentales” requeridas por entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) e IRAM.

La Resolución N° 002/2025 del COHIFe declaró que el informe “carece de las condiciones técnicas, científicas, metodológicas y documentales necesarias para ser considerado una herramienta válida de caracterización hidrogeoquímica, sanitaria o cartográfica” de las aguas subterráneas del país.

Argumentos de la falta de rigor científico

El rechazo del COHIFe se basó en una detallada exposición de falencias académicas y científicas. Uno de los puntos más críticos es la falta de trazabilidad verificable de la información. Las muestras que utilizó el ITBA fueron aportadas por personas de manera voluntaria, sin un registro de cadena de custodia, y carecían de datos esenciales como las coordenadas exactas, profundidades, tipo de captación o condiciones de conservación, contraviniendo lo establecido por la OMS e IRAM.

Además, el COHIFe señaló que el ITBA reconoció no haber realizado ninguna verificación en campo ni validación de pozos o contraste con las bases oficiales provinciales y nacionales. El instituto tampoco aportó controles de calidad analítica, como duplicados o estándares certificados, lo que limita la confiabilidad de las mediciones informadas. El consejo remarcó que el propio ITBA admitió que el mapa se enmarca en un proyecto de extensión universitaria y una tesis de grado, sin revisión por pares, limitando su validez para caracterizaciones regionales.

Confusión Sanitaria en Mercedes

Un aspecto central de la crítica es la “confusión informativa” generada por la publicación. El COHIFe afirmó que el Mapa de Arsénico presentó muestras correspondientes a localidades que actualmente reciben agua potable de fuentes dentro de los límites establecidos. El mapa mezcló datos de aguas subterráneas crudas con el agua efectivamente consumida por la población a través de la red potable, induciendo interpretaciones erróneas con potencial impacto social y sanitario.

En este sentido, la resolución del organismo federal reafirma que las jurisdicciones que lo integran realizan monitoreos sistemáticos, operan sistemas de tratamiento y ejecutan inversiones permanentes para asegurar que el agua destinada a consumo humano cumpla con los valores establecidos según las normas aplicables.

Desde el ámbito local de Mercedes, la Municipalidad ya había expuesto datos científicos para disipar la alarma generada por el mapa del ITBA, confirmando que el agua de red de la ciudad es potable. Incluso, se informó que los controles locales son más rigurosos que lo estipulado por la legislación, ya que los análisis bacteriológicos se realizan semanalmente y los fisicoquímicos semestralmente, superando el requisito anual.

Finalmente, la Asamblea del COHIFe exhortó a que cualquier futura publicación que aborde temáticas de extrema sensibilidad pública y sanitaria, como la presencia de arsénico, se realice con estricto apego a los estándares técnicos nacionales e internacionales vigentes, asegurando rigor metodológico y comunicación responsable. La publicación de información sin estos protocolos puede inducir a conclusiones erróneas en la población y afectar la confianza en los sistemas de provisión de agua.