La obra de la autopista Mercedes – Suipacha parece encaminarse al destino de las ruinas o el abandono por el término de largos meses o tal vez años. Los hechos demuestran que cuando en este Gobierno una obra se para difícilmente se continué. Pasó con las viviendas del ex Acceso Sur, con la obras del mismo acceso respecto de su jerarquización, sucedió con el Casa Activa, y así con otras obras de pavimento o cloacas.
¿Por qué no va a suceder con la Ruta 5? Un solo detalle podía torcer el rumbo de la historia que se cuenta sola. Es que esa obra dependía de un crédito internacional que había comprometido otro gobierno y no era posible discontinuar ese proceso. Sin embargo, meses después de reiniciados los trabajos demostraron que era posible también pisar los recursos de esta doble vía que apunta a mejorar la transitabilidad por un camino nacional y a reducir notoriamente los riesgos de siniestralidad.
Es cierto que el Gobierno de Javier Milei no es el responsable de los inconvenientes que sufre la red vial nacional, del deplorable estado de las rutas nacionales, aunque lejos de producir una mejora ha empeorado todo sin ningún tipo de explicación oficial y con un rasgo que se consolida a lo largo del tiempo que es el desprecio por la vida. Todas las mañanas desayunamos con la noticia de accidentes fatales en ese camino que va desde Luján a La Pampa.
El agravante en esta oportunidad, ese dato que nos permite pensar en que los trabajos van a empezar a juntar maleza, es que la constructora, la empresa Vial Agro comenzó el envío de telegramas de desvinculación a sus trabajadores “ante la falta de pago de certificados por parte del Gobierno nacional”. Como reacción a esta decisión intervino el gremio de la construcción que advirtió sobre la incertidumbre que rodea este desenlace.
Como bien indica el portal Mundo Gremial, “lo que durante semanas se perfilaba como una interrupción transitoria por falta de insumos terminó por confirmarse como un golpe estructural a la infraestructura vial bonaerense”, a lo que podríamos agregarle nacional.
El pasado martes 31 de marzo se ratificó que la empresa contratista, Vial Agro, procedió a la desvinculación formal del personal ante la imposibilidad de sostener la estructura de costos sin el flujo de fondos estatales. De acuerdo con los datos proporcionados por fuentes de la UOCRA el mismo portal asegura que el proceso de despidos se ejecutó en etapas. El pasado lunes 16, un primer contingente de 48 operarios recibió las notificaciones de cese laboral. Luego vino el resto.
El único dato alentador (por llamarlo de alguna manera), es que el obrador tendrá una guardia mínima compuesta por administrativos y serenos para custodiar la maquinaria pesada que aún no fue retirada, aunque el movimiento de suelos y la pavimentación desaparecieron por completo. No es garantía de continuidad. Las 141 viviendas de Acceso y 110 también tienen un servicio de vigilancia.
La gestión central adeuda varios certificados de obra a Vial Agro, lo que tornó inviable la continuidad operativa de una constructora que ya no puede financiar el avance de los trabajos con recursos propios.
Agrega el mencionado website que la parálisis de las tareas de suelo, cal y arena no solo representa un drama laboral, sino un riesgo latente para los miles de usuarios que transitan diariamente el corredor hacia el oeste de la provincia. “Con el abandono de los trabajos, la seguridad en la traza vuelve a quedar en segundo plano, postergando una obra que es considerada vital para reducir los accidentes frontales en la región”, concluyeron. El silencio de Vialidad Nacional aturde. Otra vez la ilusión de una mejora vial se desvanece.
