El juez de Garantías Patricio Arrieta dictaminó la elevación a juicio de Gustavo Ruffa y Jerónimo Araujo Muller, directores de la empresa, por el siniestro ocurrido en La Verde en 2019. Se les acusa de operar clandestinamente y por la «inobservancia grave de los deberes legales» que derivó en la pérdida de una vida y la contaminación masiva con un millón de litros de agroquímicos.
Tras un recorrido judicial «difícil y oscilante» que se extendió por seis años, la investigación sobre las responsabilidades penales por la explosión en la planta de Sigma Agro en Mercedes se acerca a su fase decisiva. El pasado 2 de octubre, el juez de Garantías Patricio Arrieta decretó la elevación a juicio oral y público de la causa. Los únicos imputados en el expediente son los directivos de la compañía, Gustavo Ruffa y Jerónimo Araujo Muller, a quienes la Justicia identifica como presuntos responsables del desastre tóxico que golpeó a la ciudad en septiembre de 2019.
El siniestro, que tuvo lugar en la madrugada del 27 de septiembre de 2019 en la localidad de La Verde, comenzó con una explosión seguida de un incendio de grandes proporciones. Las llamas requirieron la intervención de once dotaciones de Bomberos Voluntarios de Mercedes y localidades vecinas. Trágicamente, el incidente provocó la muerte de un trabajador, Rubén Ponce, de 42 años, quien falleció tras sufrir quemaduras graves al caer en una zanja llena de líquidos derramados.
Los fundamentos de la resolución judicial son contundentes. El juez Arrieta sostuvo que Sigma Agro S.A. operó de forma clandestina. La empresa no habría cumplido con las fases de habilitación ni contaba con la autorización ambiental requerida ni controles efectivos. Esta situación, según el magistrado, se mantuvo debido a la «invisibilización» de su funcionamiento ante el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) y a la falta de acción por parte de las autoridades municipales competentes.
La imputación se centra en la «inobservancia grave de los deberes legales» de los directores responsables. Dicha conducta se encuadra penalmente en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (Ley 24.051), que castiga a quienes infringen deberes en el manejo de residuos peligrosos, generando «peligro concreto para el ambiente, los recursos naturales o la salud pública».
El impacto del desastre ambiental es de magnitud histórica. Se estima que el incendio y la explosión causaron el derrame de más de un millón de litros de agrotóxicos (incluyendo sustancias como glifosato, atrazina y paraquat). Este evento es considerado uno de los peores derrames tóxicos en la historia del país. Seis años después, la «estela de muerte» dejada por los agroquímicos sigue siendo claramente visible a través del campo, alcanzando dos lagunas donde nace el arroyo Balta, un afluente significativo del Río Luján.
Además de la operación ilegal, el juez consideró las omisiones posteriores al siniestro. La remediación incompleta del sitio contaminado impidió determinar con exactitud la composición, la magnitud y la extensión de la contaminación que afecta al suelo y a los recursos hídricos superficiales y subterráneos, creando un riesgo continuo para la salud pública en una zona crucial de producción hortícola.
Mientras la causa penal avanza, existe una profunda preocupación por la lentitud en la esfera civil. La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mercedes es la encargada de decidir sobre el proceso de remediación ambiental de la zona. Sin embargo, la causa civil lleva más de seis meses sin una resolución. Preocupantemente, los jueces de este Tribunal se han negado a recibir las «contundentes pruebas» generadas en la causa penal que permitieron llevar a juicio a los directivos. Organizaciones intervinientes, representadas por el Dr. Fabián Maggi y la Dra. Gimena Viviani, continúan exigiendo la pronta resolución del caso en sede civil, con el objetivo de alcanzar la «Justicia plena» en este caso que simboliza las consecuencias del modelo agrotóxico.
