Un informe de la Asociación Judicial Bonaerense revela una situación crítica en los juzgados de Garantías de toda la Justicia provincial. Mercedes no escapa a la realidad, aunque no es la misma que en aquellos de mayores inconvenientes.
Los juzgados de Garantías de la provincia de Buenos Aires están inmersos en una crisis estructural que se ha profundizado notablemente en los últimos años. Esta situación, detallada en un informe del Centro de Información y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense, revela un alarmante aumento de causas, la incorporación de nuevas competencias sin el respaldo adecuado de recursos, y un estancamiento en la dotación de personal, lo que profundiza la sobrecarga del sistema penal bonaerense. El Departamento Judicial de Mercedes, al ser una de la veintena de departamentales que conforman la Asociación Judicial Bonaerense, no escapa a esta problemática, enfrentando sus propios desafíos estructurales y operativos.
Uno de los aspectos más preocupantes que afecta directamente al Departamento Judicial de Mercedes es la persistente inhabilitación de un juzgado de Garantías creado por ley. Según el informe, este es uno de los nueve juzgados que, a pesar de haber sido establecidos legalmente, aún no han sido puestos en funcionamiento. La Asociación Judicial Bonaerense ha señalado que la no implementación de estas unidades es un incumplimiento que afecta directamente la capacidad del Poder Judicial para responder a las necesidades de la población y el bienestar de sus trabajadores.
En lo que respecta al personal, la situación en Mercedes refleja la tendencia provincial de un crecimiento insuficiente de las plantas frente al aumento general de causas. Específicamente, el Juzgado de Garantías N° 1 de Mercedes ha visto una reducción en su dotación de personal, pasando de un máximo de 14 personas en 2018 a solo 11 en 2024. Aunque a nivel provincial el personal creció un 188 % desde 2003, impulsado principalmente por la creación de nuevos juzgados, en muchos casos los recursos humanos se mantuvieron iguales o incluso disminuyeron, como ocurre en Mercedes.
La sobrecarga laboral tiene una consecuencia directa en la capacidad de resolución de los juzgados. A nivel provincial, solo el 37 % de las causas iniciadas se resolvieron en 2024, una cifra muy inferior al 71 % registrado en 2018, el año de mayor resolución histórica. En el caso de Mercedes, la tasa de resolución de causas con Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue del 42 % en 2024. Si bien esta cifra se encuentra ligeramente por encima del promedio provincial del 37 % para el mismo año, representa una disminución significativa respecto a sus propios niveles históricos, como el 65 % alcanzado en 2018. Esta tendencia a la baja en la capacidad resolutiva, aunque menos pronunciada que en otras jurisdicciones, contribuye a la acumulación de trabajo y afecta el acceso a la justicia.
En cuanto a la presión diaria, el informe también analiza el promedio de causas por juzgado y por agente. En 2024, el promedio provincial fue de 1.827 causas por juzgado y 154 causas por agente. Para el Departamento Judicial Mercedes, las cifras se ubican ligeramente por debajo del promedio provincial, registrando 1.792 causas por juzgado y 143 causas por agente en 2024. Sin embargo, la disminución del personal y la baja en la capacidad de resolución a lo largo del tiempo evidencian que, a pesar de estas estadísticas puntuales, los desafíos persisten.
Frente a este panorama, la Asociación Judicial Bonaerense ha lanzado un llamado urgente a la acción. Las medidas solicitadas incluyen el refuerzo inmediato de las plantas de personal, la habilitación urgente de los juzgados creados por ley (como el pendiente en Mercedes), el rediseño de políticas de gestión judicial que prioricen la salud laboral y una inversión pública genuina en infraestructura, tecnología y condiciones laborales. La AJB enfatiza que la situación no es solo una cuestión de números, sino que afecta directamente a miles de trabajadoras y trabajadores judiciales y, fundamentalmente, al derecho de acceso a la justicia de la población, que se ve cada vez más postergado por un sistema saturado e ineficiente.
