“El Municipio hace una catarata de inauguraciones y visitas de funcionarios semanas antes de las elecciones, mezclando funcionarios con candidatos en las fotos, y utilizando el Estado municipal como propio, creo que hay que impulsar este tipo de medidas para no convertirnos en Venezuela”, afirma Mauricio Pollacchi luego de haber presentado un proyecto en el Cuerpo Deliberativo durante el 2024, del cual todavía no ha tenido respuestas.
De todos modos, existe un calendario electoral para estas elecciones, que por cierto establece plazos, los cuales deben respetarse, tanto para el comienzo de las publicidades como para la prohibición de realización de actos de gobierno. Quince días antes de los propios comicios unos tienen luz verde para promocionarse y otros quedan vedados para los actos de gobierno o publicidad oficial.
Hace un año el concejal de La Libertad Avanza planteó una adaptación para Mercedes de la Ley 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública” Capitulo X artículo 42, y la Ley 26.215 de “Financiamiento de los Partidos Políticos”. En tal sentido mencionó que el uso de herramientas estatales, como secretarías y empleados públicos, así como de recursos financieros y materiales, para beneficiar a partidos políticos o figuras partidarias, “contraviene los preceptos de imparcialidad y neutralidad que deben regir la gestión gubernamental”.
Agregó que la colocación de cartelería, afiches u otro tipo de propaganda que contenga alusiones personalistas y partidarias en la obra pública municipal, distorsiona el propósito de dichas obras y afecta la integridad de los recursos públicos.
Para Pollacchi el uso indebido de recursos del Estado con fines partidarios contribuye a la descomposición de la República y la degradación de sus instituciones, “promoviendo un ambiente de clientelismo y falta de igualdad de oportunidades”. Remarca que es deber del Municipio promover una administración pública ética y responsable, en concordancia con los valores democráticos y republicanos que sustentan nuestra sociedad.
La ordenanza buscaba prohibir la exhibición y/o utilización de nombres y apellidos, apodos o referencias personales de funcionarios que posean cargos electivos, agrupaciones o partidos políticos, en vehículos oficiales, maquinarias y carteles de obra y edificios públicos, que representen cualquier forma de publicidad política.
“Queda prohibida terminantemente la utilización de fondos municipales con fines partidarios en cualquier forma o modalidad. Esto incluye la utilización de herramientas estatales, tales como secretarías, empleados públicos, recursos financieros y materiales, para promover o favorecer a partidos políticos o figuras partidarias”, destacaba en el articulado. Esa normativa local pretendía un término de 60 días para retirar toda alusión a persona o agrupación política partidaria.
La iniciativa se aprobó para que pase a ser analizada por el Ejecutivo y se expida en consecuencia, pero según destaca el libertario, nunca el expediente regresó del Ejecutivo, “no tuvimos respuesta”, concluyó.
