Movilizaciones, reclamos, proyectos presentados, debates y pocas resoluciones favorables se observan en el plano de la discapacidad. En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante se puso el tema en discusión debido a las auditorías que fueron frenadas en Mercedes, producto de las inmensas desprolijidades que rodeaban a las mismas. Fue un planteo que el Municipio hizo a la Justicia Federal y que fue concedido.
Casualmente, la semana anterior, la encargada municipal del área, Tatiana López, mantuvo un encuentro con una de las comisiones del Cuerpo Deliberativo por estas cuestiones. Tras esa reunión, la funcionaria reiteró los cuestionamientos que tiene el oficialismo sobre el tema.
López daba cuenta sobre la realización de esas auditorías sin previo aviso ni coordinación con los Municipios. Esa situación fue la generó preocupación y muchos de los beneficiarios golpearon, como es habitual, la primera puerta que es siempre la comuna. Las citaciones, estiman, habrían superado las dos mil solo en este distrito. En muchos de esos casos ocurrieron dos cuestiones: la primera era que los citaban a un domicilio que no era el correcto y la segunda es que producto de la falta de actualizaciones de domicilios, muchos beneficiarios ni siquiera se enteraron ni pudieron ser notificados.
“Muchos vecinos no sabían dónde debían presentarse. Incluso los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad local tuvieron que publicar los avisos en sus estados de WhatsApp personales para difundir la dirección”, señalaba a Noticias Mercedinas la propia Tatiana López para describir la precariedad con que se maneja un tema tan sensible. La funcionaria agregó que personas con movilidad reducida o con síndrome de Down, fueron convocadas a presentar documentación nuevamente, “lo cual es innecesario y humillante”, señaló.
Otro aspecto que se agregó es que, para completar estudios médicos requeridos, algunos de esos beneficiarios debieron recurrir a servicios de salud del sector privado con el consecuente gasto. Esta situación había sido denunciada en la sesión del Cuerpo Deliberativo. “Con una pensión de 200.000 pesos, tuvieron que sacar préstamos para pagar un certificado médico. Es una locura”, describió a NM la propia titular de la cartera municipal.
En contacto con Protagonistas, Tatiana López señaló que las personas que fueron notificadas y no llegaron a realizarse los estudios solicitados, deben dirigirse a la Defensoría Federal, ubicada en calle 24 entre 31 y 33, para efectuar el reclamo correspondiente y evitar que le suspendan el beneficio. En caso de no tener conocimiento de haber sido citados formalmente, los beneficiarios pueden dirigirse al edificio de 2 y 11, donde funcionaba el CDR. Allí se encuentran los trabajadores locales de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), quienes pueden acceder al sistema para evacuar las consultas o dudas que puedan surgir.
