El titular de la Seccional Chivilcoy de ATILRA y representantes de los trabajadores se reunieron con el juez del concurso preventivo, Dr. Leandro Enrique, quien se comprometió a resolver rápidamente la situación que afecta a más de 70 familias si el grupo inversor venezolano no presenta un plan de continuidad viable. Los empleados, en acampe desde hace 41 días, denuncian el vaciamiento de la planta y la falta de pago de salarios desde julio.

El conflicto laboral que atraviesa La Suipachense, ubicada en la vecina localidad, bajo el control del grupo venezolano Maralac, vivió un momento decisivo en los Tribunales de Mercedes. Cristian Fenoglio, secretario general de Seccional Chivilcoy de Atilra, se reunió con el juez del concurso preventivo, Leandro Enrique, quien asumió el cargo hace solo cuatro días.

Tras el encuentro, Fenoglio señaló que el juez «está del lado de los trabajadores y entiende la situación de todo». El magistrado prometió «apurar» una resolución para que la semana próxima puedan reunirse las tres partes involucradas: los acreedores del concurso, los trabajadores, y el grupo Maralac.

«Si no lo hace – presentar un plan de continuidad – ya tiene que resolver el juez», afirmó Fenoglio sobre el Grupo Maralac. Los trabajadores pidieron al juez que resuelva «para el lado de los trabajadores».

La empresa La Suipachense se encuentra bajo concurso preventivo hace aproximadamente ocho años. Sin embargo, los trabajadores denuncian que la situación se ha agravado debido a que la parte patronal – el grupo Maralac de Manuel y Carlos Fernández, junto a su apoderado Jorge Borge – no está cumpliendo con parte de las obligaciones del concurso.

Los trabajadores solicitan cuatro puntos fundamentales para resolver el conflicto: la reactivación de la empresa, la reincorporación de nueve trabajadores despedidos, la reincorporación de la totalidad de los demás empleados que no están cesanteados, y el pago de los salarios adeudados. Actualmente, la empresa debe los salarios de julio, agosto y el mes de septiembre, que no se trabajó debido al débito laboral.

El Grupo Maralac, al que los trabajadores consideran «los únicos responsables de esta situación», ha intentado doblar la apuesta. Anteriormente, cortaron el diálogo en el Ministerio de Trabajo al proponer el despido de 60 trabajadores más (además de los nueve iniciales). Ofrecían pagar las indemnizaciones de los 60 trabajadores en un total de 12 cuotas, propuesta que fue rechazada por los sindicalistas, «de ninguna manera» expresaron. En total, el grupo quería sacar a cerca de 70 trabajadores, un 50 % de la fuerza laboral.

Acampe por 41 días para custodiar la fábrica

La escalada del conflicto se veía venir, según el testimonio de los dirigentes. La producción cayó drásticamente de 4 millones de litros por mes a trabajar solo 30.000 litros por día.

Ante esta crisis, los trabajadores han instalado un acampamento (acampe) que lleva 41 días a las afueras de la fábrica. La medida tiene como objetivo primordial evitar el vaciamiento de la planta: «Estamos aguantando para que estos delincuentes no nos saquen ninguna máquina de dentro de la fábrica», sostuvo Fenoglio. Los empleados buscan resguardar la maquinaria que es necesaria para reactivar la producción.

La situación de las familias es crítica, “los compañeros no tienen un mango ni siquiera para para pagar la luz», han sufrido cortes de luz y gas, y han tenido que interceder ante las escuelas para evitar que sus hijos fueran sacados de ellas. Por ello, se encuentran recolectando alimentos.

Aunque las audiencias en el Ministerio de Trabajo fueron infructuosas y solo llevaron al «desgaste», la reunión con el juez de Mercedes ha abierto una «luz de esperanza». Los trabajadores están convencidos de que la empresa puede ser sacada adelante por personas que estén «comprometidas a agarrar la planta, tomarla y hacer las cosas como corresponde». Estiman que la fábrica podría volver a funcionar en 7 u 8 meses.

Además, el intendente de Suipacha ha mediado y se ha preocupado por el tema, siendo un apoyo bienvenido a la causa. Los trabajadores de ATILRA hacen un llamado a la comunidad de Mercedes para que también se acerque a apoyar las actividades que están realizando para paliar la difícil situación económica que atraviesan.