Según se pudo saber en la jornada del jueves, tras el plenario de la CIN, las universidades públicas irán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. En el mismo estuvo presente el titular de la UNLu, el mercedino Walter Panessi.
Luego de reunirse en sesión extraordinaria, el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
Además de la acción judicial, luego de esta sesión especial desarrollada el miércoles 22 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la ley.
“40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó el presidente de este Consejo, Oscar Alpa, para resumir el acuerdo de la totalidad de las instituciones universitarias nacionales presentes en el plenario, del que fue parte también el rector de la Universidad Nacional de Luján, Walter Panessi, y representantes sindicales, como Walter Merkis, secretario general de las y los trabajadores no docentes de FATUN.
“Un decreto no puede suspender una ley”, completó el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA. “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.
El presidente de la Nación había vetado la norma aprobada originalmente en agosto y el 2 de octubre la oposición logró ratificarla. Hoy la ley fue promulgada pero suspendida, cuestión que “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”, afirmó Vergara. “Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, cerró Bartolacci.
Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el Presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
