Hace más de un año el Gobierno nacional puso en marcha un plan mediante el cual pone a la venta cientos de inmuebles, los que iban a ser sometidos a subasta pública a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En el listado como ya hemos informado oportunamente figura Mercedes.
En aquellas publicaciones del mes de noviembre de 2024 comentábamos que otras gestiones nacionales habían hecho intentos similares que finalmente no prosperaron. Fueron ejemplo de ello el Instituto Capitán Sarmiento o el edificio del Correo Argentino en 28 y 29, por mencionar algunos. El que se vende ahora es el predio ubicado entre las calles 10, 29, 35 y vías del Ferrocarril Sarmiento, Ramal, situación que pone en jaque a cualquier proyecto que alguna vez pudiera haberse pensado en el lugar.
Los fundamentos del decreto por el que se autorizan estas operaciones señalan que las subastas son “medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado” porque los inmuebles a rematar “resultan innecesarios para su gestión”. Las estimaciones de algunos operadores inmobiliarios consultados es que este predio, de 28 mil metros cuadrados, podría tener un valor de mercado cercano al millón de dólares.
Pero resultó llamativo que, en los últimos días, se cambió una palabra: donde decía Subasta ahora dice Venta. Si bien la subasta en si misma es una venta no hay ninguna otra aclaración al respecto, ni mucho menos fechas para estas operaciones.
“El acto subastario es una venta, pero hay distintas modalidades de subasta. Por eso se dice venta en pública subasta que se cierra a golpe de martillo… Pero en este caso al poner venta tal vez se haga una licitación o concurso de precios… lo cual podría ser algo oscuro y no extrañaría que haya algún interesado que se lo quiera quedar”, manifestó a Protagonistas un reconocido martillero de la ciudad.
Lo cierto es que aún, sobre este importante predio, solo hay incertidumbre desde hace largo tiempo, como todo hecho que dejó pendiente la actual gestión nacional. Como sucedió con obras que fueron paralizadas tal el caso del Acceso Manuel Sanmartín, las 141 viviendas de Acceso y 110, el programa Casa Activa o algunas otras de infraestructura que debieron ser continuadas con fondos municipales.
