Gremios del sector impulsan una presentación ante la Justicia Federal contra Marcelo Campoy y ministros nacionales. Acusan un desvío millonario de fondos específicos hacia el Tesoro Nacional, dejando las rutas en «estado ruinoso». El impacto en la Ruta 5, calificada como el «peaje de la muerte» por los usuarios.
En un contexto de profunda tensión por el futuro de la infraestructura vial del país, la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (APPSVN) y la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) han radicado una denuncia penal que sacude los cimientos de la administración pública.
La acusación apunta directamente contra el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Marcelo Jorge Campoy, y otros altos funcionarios, incluyendo a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, por presunta malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración.
El desvío de fondos y la «quiebra técnica»según el escrito judicial presentado ante el Juzgado Federal N° 7, se denuncia una maniobra sistémica de retención y desvío de fondos con afectación específica.
En particular, los gremialistas señalan que recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la Tasa Vial, que por ley deben financiar el mantenimiento de los caminos, habrían sido derivados para cubrir el déficit fiscal y realizar colocaciones financieras.
Cifras aportadas por FEPEVINA indican que durante el año 2024, de un presupuesto total de más de 609 mil millones de pesos, solo se ejecutó el 54 %, desviando aproximadamente 277 mil millones de pesos de sus fines específicos. Esta subejecución habría provocado lo que los denunciantes denominan una «quiebra técnica» inducida de Vialidad Nacional, con el objetivo de justificar el desmembramiento institucional y el traspaso de los corredores viales a manos privadas.
La Ruta 5: El «peaje hacia la muerte»
Para los habitantes de Mercedes y zonas aledañas, el deterioro de la red vial no es una abstracción estadística. La denuncia resalta el estado calamitoso de la Ruta Nacional 5, a la que califica como el «peaje hacia la muerte» debido al constante aumento de tarifas sin la contraprestación de mejoras. Se detalla que obras clave, como la variante Suipacha, avanzan a un ritmo «lento o nulo», incrementando la congestión y los siniestros viales.
Informes citados en la causa aseguran que el 52 % de los caminos nacionales en suelo bonaerense se encuentran en mal estado, producto de un recorte presupuestario que alcanzó el 85,8 % en la provincia durante el último año.
Este abandono del mantenimiento preventivo (bacheo y sellado) se traduce en un perjuicio patrimonial inmenso: lo que hoy costaría 1 peso reparar, requerirá una inversión de 10 pesos cuando el pavimento colapse totalmente.
La presentación judicial vincula estrechamente este «vaciamiento» con el plan de privatización de los corredores viales. Se acusa a la actual gestión de entregar rutas a empresas privadas bajo condiciones desfavorables para el Estado, mientras se silencia a los técnicos de carrera mediante un régimen de hostigamiento laboral y persecución gremial.
Los gremios advierten que la falta de inversión ya ha tenido un costo humano irreparable: en 2023, las víctimas fatales por accidentes viales aumentaron un 14 %, alcanzando las 4.369 muertes en todo el país.
Ante este escenario, la Justicia deberá investigar si las autoridades nacionales han convertido un servicio público esencial en una herramienta de ajuste financiero, poniendo en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos que transitan las rutas nacionales.
