El Juzgado Correccional N° 1 de nuestra ciudad fue el escenario de los alegatos finales en el juicio contra los exdirectivos de la CEyS. El fiscal Pedro Illanes solicitó penas de tres años de prisión, calificando la maniobra como un «plan criminal» para desviar fondos públicos nacionales destinados a luminarias LED.
Con la exposición de los alegatos finales de las partes, concluyó el debate oral y público en el Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial Mercedes, bajo la dirección de la jueza Claudia Esquivel. El proceso, que ha concitado la atención de la región, investiga el presunto fraude en perjuicio de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno Ltda. (CEyS) y del Estado nacional, relacionado con el desvío de subsidios del Plan «Más Cerca».
Durante la audiencia celebrada en los tribunales de nuestra ciudad, el fiscal de Cámara, Pedro Illanes, sostuvo que no se trató de una negligencia administrativa, sino de la ejecución de un «plan criminal para quedarse con ese dinero». La acusación se centra en el libramiento irregular de tres cheques por un total de 5.598.000 pesos en octubre de 2015, fondos que, según la fiscalía, nunca llegaron al proveedor y fueron cobrados a través de una financiera no habitual. Actualizado a la fecha de hoy se estima en un monto cercano a los 800 millones de pesos.
Por este hecho, el Ministerio Público solicitó una condena de tres años de prisión para Omar Miguel Malondra, de cumplimiento efectivo dada su responsabilidad como entonces presidente de la entidad. Para los otros dos imputados, Carmen Amalia Castagnino y Alfredo Abel Poggi, también se pidieron tres años de prisión, aunque de ejecución condicional.
Asimismo, la querella, representada por el abogado Franco Rosello en nombre de la CEyS como particular damnificado, adhirió al pedido de la fiscalía, subrayando que la cooperativa debió costear las luminarias con fondos propios para cubrir el faltante.
Desde la defensa, la Dra. Irene Marchiana solicitó la absolución de los tres acusados, argumentando la inexistencia de delito y de perjuicio patrimonial contra el Estado. Según su postura, se trató de una operación comercial frustrada por el incumplimiento de un proveedor, situación que la cooperativa resolvió internamente. Por su parte, los imputados hicieron uso de sus últimas palabras antes del cierre del debate en el recinto mercedino, ratificando su inocencia.
Tras el cierre del debate en los tribunales de Mercedes, la expectativa se traslada ahora al veredicto final. La jueza Esquivel comunicó que la sentencia será dada a conocer el próximo 24 de junio a las 14:00 horas, momento en que se definirá la situación procesal de los exdirectivos en uno de los casos de corrupción institucional más resonantes que se ha tramitado recientemente en la jurisdicción local.
