La situación de los afiliados de PAMI y las denuncias por presuntos cobros indebidos por parte de algunos profesionales de la salud generaron uno de los debates más intensos de la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Mercedes. Tal como habíamos anticipado, el tema fue impulsado por el bloque de la Unión Cívica Radical, que expresó su preocupación por los montos que, según denunciaron, deben afrontar jubilados para acceder a prestaciones que deberían estar garantizadas por la obra social.
Durante la exposición del proyecto, el concejal Daniel Ivaldis sostuvo que las denuncias recibidas revelan una situación de extrema gravedad para un sector particularmente vulnerable de la población. “Siempre los platos rotos los pagan los más débiles, y si hay un sector débil y vulnerable son los jubilados”, afirmó el edil, quien denunció que algunos médicos de cabecera estarían cobrando valores adicionales para realizar prácticas vinculadas a la atención de afiliados de PAMI.
Según detalló, las denuncias incluyen cobros de alrededor de 5.000 pesos para la carga de recetas, consultas presenciales de hasta 40.000 pesos y prestaciones de telemedicina cercanas a los 30.000 pesos. “Más allá del valor económico, es la actitud lo que nos pone en una situación incómoda”, señaló.
Desde la UCR manifestaron su “profunda preocupación y rechazo” frente a una situación que, aseguran, obliga a muchos afiliados a pagar sumas extras para poder acceder a servicios médicos esenciales. En ese marco, solicitaron formalmente información a la agencia local y a las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados y conocer las acciones implementadas para resolverlos.
La discusión generó posiciones encontradas dentro del recinto. La concejal de La Libertad Avanza, Silvia Di Leo, recordó que autoridades de la UGL Luján habían recibido a concejales mercedinos en una reunión convocada por la Comisión de Legislación y cuestionó la ausencia del bloque radical en ese encuentro. “Queda bárbaro ahora salir en los medios, pero cuando tuvieron la oportunidad de presentarse no lo hicieron”, expresó, adelantando que su bloque no acompañaría la iniciativa al considerar que el planteo carecía de seriedad.
La postura fue rápidamente rechazada por otros sectores del cuerpo. La concejal Sabrina Viñales, de Fuerza Patria, sostuvo que durante aquella reunión no se obtuvieron respuestas satisfactorias sobre diversos reclamos vinculados al funcionamiento de PAMI y cuestionó la falta de soluciones concretas para los jubilados. “A los jubilados hoy les toca decidir si comen o compran los medicamentos”, señaló, al tiempo que calificó de preocupante minimizar una problemática que afecta directamente el acceso a la salud.
En la misma línea se expresó el concejal Bernardo Zubeldía, quien confirmó que participó del encuentro en Luján y aseguró que, pese a la buena atención recibida, no obtuvieron respuestas concretas a los planteos formulados. También marcó diferencias con la posición asumida por La Libertad Avanza.
Durante el cierre del debate, Ivaldis insistió en que la discusión no debía centrarse en cuestiones políticas ni en quiénes participaron o no de determinadas reuniones institucionales. “Lo importante es lo que les está pasando a los jubilados”, remarcó.
Por su parte, la presidenta del bloque oficialista, Marcela Munarriz, planteó una objeción institucional al proyecto. Señaló que el Concejo Deliberante carece de facultades legales para exigir respuestas a un organismo nacional y autárquico como PAMI y advirtió sobre el riesgo de utilizar problemáticas sensibles con fines políticos. Sin embargo, reconoció que las situaciones denunciadas podrían existir y recordó que los afiliados cuentan con mecanismos propios para formalizar reclamos ante la obra social.
La discusión continuó con nuevas intervenciones, entre ellas la de Sabrina Viñales, quien volvió a cuestionar la falta de respuestas recibidas por parte de las autoridades de PAMI y defendió el rol del Concejo como canal institucional para trasladar las inquietudes de los jubilados. Finalmente, el concejal Santiago Altube propuso incorporar un artículo solicitando una pronta respuesta por parte de las autoridades competentes, modificación que había sido previamente consensuada en Labor Parlamentaria. Con esa incorporación, el proyecto fue aprobado por mayoría. La única oposición provino de los concejales de La Libertad Avanza.
