La sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Mercedes del pasado lunes 27 de julio estuvo marcada por un intenso debate político en torno a dos proyectos de resolución vinculados a decisiones del Gobierno nacional. La sesión fue presidida por Mariana San Martín y dejó expuestas las diferencias entre los distintos bloques sobre el rol del Estado en materia de ciencia y tecnología, y sobre la defensa de la soberanía territorial.
El primer proyecto tratado fue impulsado por el bloque Fuerza Patria y expresó la preocupación del cuerpo por la situación de organismos estratégicos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y ARSAT, entre otros.
La concejala Lucila Villoslada fue la encargada de fundamentar la iniciativa. Sostuvo que existe «un panorama preocupante para el desarrollo científico y tecnológico del país» y cuestionó los despidos registrados en la CNEA.
«Hubo 60 despidos en áreas que quedaron vacías y que estaban trabajando en el desarrollo del reactor modular de origen nacional, un proyecto que quedó truncado», afirmó. También criticó la decisión de avanzar con un convenio con una empresa estadounidense para reemplazar ese desarrollo tecnológico.
«No estamos en contra de que lleguen empresas extranjeras, pero no puede ser a costa de destruir empresas nacionales. Si queremos ser un país soberano e independiente, la inversión en ciencia no es un gasto», expresó.
Desde La Libertad Avanza, la concejala Marcela Munarriz rechazó el planteo y sostuvo que el Concejo «debería discutir soluciones concretas y no convertirse en una tribuna contra el Gobierno nacional».
Además, defendió las medidas adoptadas por la administración nacional al señalar que «se trató de contratos de personas que desempeñaban tareas administrativas» y las enmarcó dentro del proceso de reducción del empleo público.
Por su parte, Bernardo Zubeldía, del bloque vecinalista, consideró innecesario el tratamiento del proyecto. «Solamente se trata de tirar bombas al Gobierno nacional… Nosotros nos vamos a abstener porque creemos que es innecesario», manifestó.
La concejala radical Aída «Pety» Laporta anunció el acompañamiento de la UCR a la iniciativa, mientras que Villoslada respondió a las críticas aclarando que «no es una bomba, es una propuesta concreta para que no se deje de hacer el reactor».
Finalmente, el proyecto fue aprobado por mayoría, con los votos favorables de Fuerza Patria y la UCR, el rechazo de La Libertad Avanza y la abstención del vecinalismo.
A continuación, el Concejo abordó un segundo proyecto presentado por Fuerza Patria, que luego fue unificado con una iniciativa similar de la Unión Cívica Radical. La resolución expresa el rechazo al proyecto de ley nacional sobre inviolabilidad de la propiedad privada, cuya discusión está prevista en el Congreso Nacional para el 6 de agosto, al considerar que facilitaría la extranjerización de tierras y pondría en riesgo la soberanía nacional.
El concejal Santiago Altube defendió la propuesta señalando que la eventual aprobación de esa norma «pone en una situación de vulnerabilidad al país» y pidió que los concejos deliberantes de los 135 municipios bonaerenses se pronuncien en el mismo sentido.
También advirtió sobre la eliminación de restricciones para vender terrenos afectados por incendios, mencionó la experiencia de Chile y recordó el caso del empresario Joe Lewis como ejemplo del debate sobre la concentración de tierras. «Los recursos naturales son deseados. No estamos especulando sobre lo que queda bien decir, sino defendiendo cuestiones concretas», afirmó.
La concejala radical Pety Laporta coincidió con ese diagnóstico y aseguró que, de aprobarse la iniciativa nacional, «sería catastrófico». Ratificó además que la UCR «nunca va a acompañar proyectos como este» y llamó a «votar con sentido común».
El rechazo más duro volvió a provenir de La Libertad Avanza. Mauricio Pollacchi cuestionó la coincidencia entre el PJ y la UCR y sostuvo que ambos espacios «demuestran que no había diferencias de fondo, sino de formas».
Durante su intervención recordó conflictos por la propiedad privada en Mercedes, cuestionó que nunca se hubieran impulsado iniciativas sobre otros temas vinculados a la soberanía y defendió el derecho de los extranjeros a adquirir tierras en Argentina. «Una persona extranjera le compra a otra persona. La Constitución Nacional, en su artículo 20, establece que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los argentinos», argumentó.
La concejala Andrea Bozzini también respaldó la preocupación por la extranjerización de la tierra y citó declaraciones del asesor del Gobierno nacional y dirigente de Federación Agraria, Damián Reidel, quien este año sostuvo que Argentina posee grandes extensiones de tierra «libres de conflictos» y afirmó que «el problema de esa zona es que está ocupada por argentinos».
Por su parte, Marcela Munarriz cuestionó la Ley de Manejo del Fuego y calificó ese tipo de planteos como un «nacionalismo berreta». Desde el vecinalismo, Bernardo Zubeldía volvió a justificar la abstención al considerar que este tipo de debates «acentúan la grieta», bajan el nivel de discusión y abordan cuestiones que el Concejo Deliberante «no puede resolver desde el ámbito local».
En el cierre del debate, Santiago Altube celebró el acompañamiento de la UCR. «Cuando está en riesgo la soberanía nacional, la política debe encontrar puntos mínimos de acuerdo. Lo que buscamos es pedirles a los legisladores nacionales que rechacen este proyecto de ley», expresó.
La resolución aprobada exhorta a los legisladores nacionales a rechazar la iniciativa por considerar que perjudica la soberanía nacional y propone además que el Departamento Ejecutivo impulse instancias de debate y charlas junto al Concejo Deliberante sobre la temática.
La votación final volvió a reflejar el mismo esquema político: aprobación por mayoría con los votos de Fuerza Patria y la UCR, rechazo de La Libertad Avanza y abstención del bloque vecinalista.
