Guillermo Blanco plantea que, antes de avanzar con la venta del complejo habitacional inconcluso, se evalúe un esquema de participación privada que permita finalizar las obras, recuperar la inversión pública y facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos hipotecarios.
Las 141 viviendas ubicadas en el Acceso Manuel Sanmartín y calle 110 de Mercedes vuelven a estar en el centro del debate. Mientras el Gobierno nacional avanza con el proceso para su venta, el ingeniero Guillermo Blanco presentó una propuesta que, según sostiene, merece ser analizada antes de adoptar una decisión definitiva.
El profesional, exfuncionario municipal e integrante del Centro de Ingenieros de Mercedes, aclara que su planteo no busca cuestionar los procedimientos legales en marcha ni reemplazar las decisiones que correspondan a las autoridades competentes. Su objetivo, señala, es aportar una alternativa que permita preservar la inversión pública ya realizada y cumplir con el destino original del emprendimiento habitacional.
Blanco parte de una premisa central: que el Estado no deba realizar nuevos desembolsos para completar las viviendas. La iniciativa propone convocar a empresas privadas interesadas en finalizar las obras con recursos propios. Según explica, la inversión requerida sería considerablemente menor que la necesaria para desarrollar un proyecto desde cero, ya que gran parte de la infraestructura y de las construcciones ya se encuentra ejecutada.
En ese esquema, las empresas asumirían el costo de terminación de las viviendas y recuperarían luego esa inversión a través de la comercialización de las unidades. La propuesta contempla además la apertura de un registro de interesados en adquirir las viviendas una vez concluidas.
En ese marco, entidades financieras, como el Banco Nación, a modo de ejemplo, podrían evaluar a los futuros compradores para el otorgamiento de créditos hipotecarios. Con esos préstamos se cubriría tanto el costo de finalización de las obras como el valor correspondiente a la inversión pública ya realizada.
De acuerdo a la opinión del ingeniero Blanco, este mecanismo permitiría alcanzar varios objetivos de manera simultánea: que el Estado no deba realizar nuevos aportes; que las empresas recuperen la inversión destinada a completar las obras; que las familias puedan acceder a viviendas terminadas mediante financiamiento hipotecario; y que el Estado recupere los recursos públicos ya invertidos en el proyecto.
El ingeniero sostiene que una vivienda terminada posee un valor económico y social significativamente superior al de una obra inconclusa. Por ello considera conveniente evaluar alternativas que permitan concluir el emprendimiento antes de venderlo en su estado actual.
A su entender, un esquema de estas características podría contribuir a preservar el patrimonio público, facilitar el acceso a la vivienda, recuperar la inversión estatal, generar empleo durante la etapa de construcción pendiente y concretar finalmente el objetivo social con el que fue concebido el proyecto.
Blanco reconoce que una iniciativa de este tipo demandaría estudios técnicos, jurídicos, financieros y administrativos para determinar su viabilidad. En ese sentido, aclara que no presenta la propuesta como una solución definitiva ni como la única alternativa posible, sino como una opción que debería ser considerada antes de resolver el destino del complejo habitacional.
Si los análisis demostraran que el esquema resulta viable, sostiene que podría lograrse una solución que combine inversión privada, recuperación de fondos públicos y acceso a la vivienda para numerosas familias.
Para el ingeniero, las 141 viviendas representan mucho más que una obra paralizada. Constituyen una importante inversión realizada con recursos públicos y mantienen vigente la expectativa de muchas familias de acceder a una vivienda propia.
Por esa razón, entiende que antes de disponer su venta en el estado actual corresponde analizar todas las alternativas disponibles. «El debate no debería limitarse a decidir si las viviendas deben venderse o no, sino a determinar si existe una opción superadora que permita proteger el patrimonio público, recuperar la inversión realizada y cumplir el objetivo social para el que fueron construidas», concluye Blanco, quien considera que, si esa posibilidad existe, al menos merece ser estudiada.
