La gestión de Axel Kicillof y las empresas eléctricas – entre ellas EDEN, prestadora del servicio en Mercedes – recurrieron el fallo que congeló las subas tarifarias. Advierten sobre el impacto financiero en la prestación del servicio y la imposibilidad operativa de aplicar un esquema «híbrido».
La Provincia de Buenos Aires, a través de la Fiscalía de Estado, y las cuatro empresas distribuidoras que operan en el territorio bonaerense – incluida la empresa EDEN, encargada del suministro eléctrico en la ciudad de Mercedes – presentaron formalmente sus apelaciones contra la medida cautelar que suspendió los aumentos de luz y ordenó retrotraer los componentes provinciales de las tarifas. El planteo fue concedido por el juez Agustín López Coppola, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, y elevado a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.
El origen de la medida cautelar a la resolución judicial que frenó los incrementos de entre el 1,5 % y el 3,5 % aplicados desde el 1° de julio mediante la Resolución N° 585/2026 del Ministerio de Infraestructura bonaerense surgió tras un amparo de la Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Guido Lorenzino. La cautelar obligó a retrotraer las tarifas a los valores anteriores, disponer la devolución de los aumentos ya cobrados y hacer extensiva la suspensión a las cooperativas eléctricas provinciales y municipales. El magistrado fundamentó su decisión en la falta de audiencias públicas previas, señalando que hace diez años no se realizan dichos encuentros de participación ciudadana.
En cuanto a la postura del Gobierno bonaerense frente al fallo, la Fiscalía de Estado objetó la exigencia de realizar una audiencia pública antes de cada ajuste tarifario. Desde la administración de Axel Kicillof señalaron que la resolución judicial confunde el régimen ordinario de Revisión Tarifaria Integral (RTI) con la «Etapa de Transición Tarifaria», un esquema excepcional surgido de la emergencia económica (Ley 15.165 de 2019) y prorrogado hasta el 31 de marzo de 2027. En ese marco, la Provincia argumenta que los ajustes cuestionados están contemplados en los contratos de concesión y en la normativa de transición, por lo que no requerirían una audiencia previa ante cada actualización.
Por su parte, la empresa EDEN – de directa incidencia para la comunidad mercedina – junto a EDEA, EDES y EDELAP manifestaron serias complicaciones técnicas y financieras para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Justicia. Las distribuidoras advirtieron que no poseen atribuciones para confeccionar un cuadro tarifario de forma autónoma y que la cautelar genera un esquema «híbrido» (al retrotraer componentes provinciales, pero mantener vigentes precios nacionales de energía y transporte), el cual resulta de difícil o imposible aplicación práctica. Además, indicaron que la Resolución 585/2026 ya había sido sustituida por la Resolución 682/2026, alcanzando de modo indebido a un acto administrativo posterior no impugnado.
Riesgo financiero y alcance del fallo
Tanto el Ejecutivo provincial como las empresas alertaron sobre las severas repercusiones económicas del congelamiento tarifario. La Provincia advirtió que la merma de ingresos resiente la capacidad de afrontar gastos de mantenimiento, inversiones y sueldos. En esa misma línea, EDEN y las demás distribuidoras recalcaron que la caída en la recaudación puede comprometer el pago de salarios, la continuidad del servicio y el cumplimiento de los acuerdos de regularización de deuda suscriptos con CAMMESA en 2025, los cuales están respaldados por garantías bancarias. Finalmente, las presentaciones cuestionaron que la cautelar prohíba futuros aumentos y se haya extendido a comercios e industrias, cuando la demanda inicial abarcaba únicamente a usuarios residenciales y de Tarifa Social. La apelación busca ahora que la Justicia revoque el fallo o conceda los recursos con efecto suspensivo.
