El funcionamiento del Hogar de Abrigo Municipal “Abelito” quedó en el centro de una discusión política en el Honorable Concejo Deliberante de Mercedes, a partir de un pedido de informes impulsado por el bloque de La Libertad Avanza (LLA). La iniciativa propone que el Departamento Ejecutivo brinde información detallada sobre la situación del establecimiento, desde la cantidad de menores alojados y la dotación de personal hasta los protocolos de actuación, la atención sanitaria, la infraestructura y los recursos presupuestarios.
El expediente abrió un debate que fue más allá de la solicitud de información. Mientras sus impulsores defendieron la facultad del Concejo de ejercer el control sobre un dispositivo municipal, desde Fuerza Patria cuestionaron el enfoque del planteo y alertaron sobre la necesidad de preservar la identidad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes alojados. La Unión Cívica Radical, por su parte, consideró que el pedido podía contribuir a conocer el funcionamiento del hogar y detectar eventuales aspectos por mejorar.
El proyecto presentado por el concejal Mauricio Pollacchi solicita al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, la Dirección de Niñez y Adolescencia y las áreas correspondientes, un informe actualizado sobre doce ejes vinculados al funcionamiento de “Abelito”.
Entre los principales puntos, requería conocer la cantidad de niños, niñas y adolescentes alojados, la capacidad habilitada del establecimiento, los ingresos y egresos registrados durante 2025 y 2026 y los tiempos de permanencia. También pide información sobre la cantidad de trabajadores, sus modalidades de contratación, las funciones que desempeñan y la organización de las guardias para garantizar la cobertura durante las 24 horas.
El pedido incluye además detalles sobre la formación y capacitación del personal, los protocolos para intervenir ante situaciones de violencia, lesiones, crisis emocionales o posibles vulneraciones de derechos, y la existencia de mecanismos de supervisión y control.
Otro apartado está dedicado a los incidentes, reclamos, denuncias e intervenciones de organismos municipales, provinciales o judiciales registrados durante 2025 y 2026. En materia de prestaciones, solicita información sobre la atención médica y psicológica, la escolarización, las actividades recreativas, la alimentación y el transporte de los menores.
Por último, contempla requerimientos sobre las condiciones edilicias, las instalaciones y los controles de seguridad, además de la ejecución presupuestaria, los gastos de funcionamiento y los contratos o convenios vigentes.
La parte dispositiva establece que la información deberá remitirse al Concejo de manera detallada y actualizada, acompañada por documentación respaldatoria cuando corresponda. A la vez, incorpora expresamente la obligación de preservar la identidad, la intimidad y los demás derechos de los menores, evitando datos personales que permitan individualizarlos.
La intervención de Andrea Bozzini, concejala de Fuerza Patria, concentró buena parte de las objeciones políticas al proyecto. La edil aclaró que sus cuestionamientos no se limitaban a la privacidad de los datos, sino también a la posibilidad de que, en una comunidad como Mercedes, determinada combinación de información permita identificar indirectamente a un niño o adolescente.
Bozzini sostuvo que su bloque estaba dispuesto a acompañar un pedido de información, pero insistió en que debía formularse con responsabilidad y sin poner en riesgo a quienes se encuentran bajo medidas de protección. En ese marco, defendió los cambios orientados a evitar requerimientos que pudieran exponer historias clínicas, cuestiones judiciales o información sensible.
La concejala también puso el foco en la naturaleza excepcional de las medidas de abrigo y en el marco legal que regula su adopción. Explicó que no se trata de decisiones que dependan exclusivamente del Municipio, sino de intervenciones sujetas a procedimientos en los que participan distintos actores y cuyo objetivo debe ser fortalecer las redes familiares y comunitarias.
En uno de los pasajes más duros de su exposición, Bozzini cuestionó lo que consideró un intento de instalar sospechas sobre el funcionamiento del hogar. También advirtió sobre el riesgo de convertir el control legislativo en una forma de exposición pública de situaciones que involucran a menores vulnerables.
Mauricio Pollacchi rechazó las críticas y sostuvo que el objetivo central era obtener información sobre el funcionamiento de un dispositivo municipal. Para el concejal libertario, se trataba de un pedido de informes y no de una denuncia contra el establecimiento o sus trabajadores.
En un tono confrontativo, cuestionó las intervenciones que habían objetado la iniciativa y defendió la obligación del cuerpo legislativo de requerir información al Departamento Ejecutivo. También expresó su disposición a aceptar las modificaciones propuestas durante el debate, aunque cuestionó que se hubiera generado tanta resistencia frente a una solicitud de estas características.
Pollacchi sostuvo que el Ejecutivo debía responder el requerimiento y vinculó las objeciones al proyecto con la necesidad de explicar por qué generaba tanta controversia. De ese modo, la discusión pasó de los alcances concretos de la información solicitada a las interpretaciones políticas sobre las razones que motivaban el rechazo.
Desde la Unión Cívica Radical, Daniel Ivaldis consideró que la iniciativa tenía aspectos interesantes y defendió la posibilidad de conocer los resultados del trabajo que se realiza en el hogar.
El concejal planteó que, además de considerar los recursos destinados a una institución, también resulta pertinente evaluar sus resultados y determinar si existen cuestiones que deban corregirse. En esa línea, sostuvo que acompañar el pedido no implicaba desacreditar el trabajo de quienes se desempeñan en el establecimiento, sino ejercer una función de control propia del Concejo.
La concejala Marcela Munarriz, también de La Libertad Avanza, sostuvo que el expediente debía entenderse como una solicitud de información sobre el funcionamiento de un dispositivo municipal. En su intervención, citó el inciso 7 del artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para fundamentar la atribución de requerir información al Departamento Ejecutivo.
La concejala Munarriz, quien a la vez es abogada, remarcó que el proyecto no hacía referencia a una denuncia concreta y que la información debía manejarse bajo criterios de confidencialidad. Su exposición apuntó a separar el mecanismo de control legislativo de cualquier interpretación que pudiera presentar el pedido como una acusación directa contra el personal o la institución.
Bozzini volvió a intervenir para cuestionar los tiempos y el contexto en que se presentó el proyecto. Si bien señaló que su bloque estaba dispuesto a acompañar un pedido de informes, consideró que el tratamiento debía tener en cuenta las potestades del Concejo y evitar que la iniciativa contribuyera a instalar dudas sin fundamentos debidamente expuestos.
También sostuvo que, si existían señalamientos sobre hechos graves o posibles delitos, correspondía que fueran denunciados por las vías pertinentes. La concejala insistió en que el debate debía mantenerse dentro de un marco institucional y con especial cuidado por la situación de los menores involucrados.
El expediente, finalmente, estuvo atravesado por propuestas de modificación y posiciones contrapuestas. Según lo registrado en el debate, el proyecto original con modificaciones planteadas por Pollacchi fue rechazado por el oficialismo y el vecinalismo, mientras que una alternativa con cambios impulsados por Fuerza Patria recibió el rechazo de la UCR y La Libertad Avanza, pero la aprobación por mayoría.
Foto: El concejal Pollacchi fue el autor del proyecto que generó polémica en el HCD.
