Un accidente ocurrido en diciembre de 2019 y una sentencia dictada en 2026 vuelven a poner sobre la mesa los tiempos de respuesta de la Justicia. El Tribunal del Trabajo N° 1 de Mercedes resolvió hacer lugar a la demanda presentada por GMCE contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, luego de una controversia que tuvo como eje determinar si el hecho debía ser considerado un accidente in itinere.
El siniestro ocurrió el 15 de diciembre de 2019, cuando la trabajadora se desplazaba en motocicleta desde Mercedes hacia Carlos Keen, donde debía cumplir funciones como integrante de la fuerza policial. Antes de emprender el recorrido, había dejado a su hija al cuidado de su madre.
El accidente se produjo en la intersección de avenida 1 y calle 16, aproximadamente a las 18:25, mientras que su horario de ingreso al servicio estaba previsto para las 21.
La representación del Estado provincial reconoció tanto la relación laboral como la ocurrencia del accidente, pero cuestionó que pudiera encuadrarse como un accidente in itinere. Su argumento principal fue que el hecho había sucedido dos horas y media antes del horario de ingreso.
También señaló que entre Mercedes y Carlos Keen existe una distancia aproximada de 43 kilómetros, que podía recorrerse en unos 45 minutos. Desde esa perspectiva, consideró que el tiempo transcurrido no guardaba una relación razonable con el desplazamiento laboral.
La trabajadora, por su parte, sostuvo que había realizado el recorrido habitual hacia su lugar de trabajo, luego de dejar a su hija al cuidado de su progenitora.
Al analizar el caso, la jueza Liliana del Carmen López consideró que las circunstancias debían evaluarse en función de las particularidades del traslado y no a partir de un límite horario rígido. También ponderó la distancia entre ambas localidades y la inexistencia de un servicio de transporte público directo.
Con esos elementos, entendió que era razonable que la trabajadora se encontrara en camino hacia su destino laboral con dos horas y media de anticipación y concluyó que el accidente debía ser reconocido como in itinere, conforme a la Ley de Riesgos del Trabajo.
En cuanto a las consecuencias físicas del accidente, el Tribunal estableció una incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva del 24,41 % de la total obrera. La pericia médica había determinado inicialmente un porcentaje superior, pero la jueza realizó una adecuación a partir de los estudios y los parámetros establecidos por el baremo legal.
Más allá de la resolución favorable a la trabajadora, el expediente deja otro dato significativo: entre el accidente, ocurrido el 15 de diciembre de 2019, y la sentencia de primera instancia, dictada en 2026, transcurrieron casi siete años.
Durante ese período debieron desarrollarse las distintas etapas del proceso, con presentación de demanda y contestación, producción de pruebas documentales, informativas y periciales, testimoniales y audiencia de vista de causa.
El caso vuelve a exponer una cuestión recurrente en los procesos judiciales vinculados con accidentes laborales: el tiempo que debe esperar una persona para obtener una resolución sobre un derecho cuya reparación económica está directamente relacionada con las consecuencias de un hecho ocurrido años atrás.
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