El malestar por el costo del peaje y las condiciones de circulación de la Ruta Nacional 5 comenzó a traducirse en una acción institucional conjunta. Intendentes de distintos distritos atravesados por el corredor resolvieron avanzar con una presentación judicial de amparo, en un intento de llevar a la Justicia un reclamo que desde hace tiempo se expresa en las comunidades de la región.
La iniciativa fue impulsada por el intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, junto a sus pares de Suipacha, Juan Luis Mancini; Chivilcoy, Guillermo Britos; y Carlos Casares, Daniel Stadnik, entre otros jefes comunales. La decisión se tomó este jueves, durante un encuentro realizado en Chivilcoy, que contó también con la participación del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis.
La reunión se desarrolló en el marco del séptimo Encuentro Regional “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia?”, convocado por el funcionario provincial, con representantes de los 19 municipios que integran la Región Centro Norte. Sin embargo, uno de los temas que terminó ocupando un lugar central fue la situación de la ruta 5 y el conflicto generado alrededor de sus estaciones de peaje.
El reclamo no se limita al costo que deben afrontar quienes utilizan diariamente la ruta. También pone en discusión las deficiencias en la conservación del trazado, las condiciones del servicio de mantenimiento y la inexistencia de caminos alternativos que permitan evitar el pago.
Son precisamente esos puntos, tarifas, estado de la ruta y ausencia de vías alternativas, los que conforman los principales argumentos de la presentación judicial. La intención de los intendentes es que el problema deje de ser una sucesión de reclamos individuales o municipales y encuentre una respuesta institucional que contemple al conjunto de las localidades afectadas.
A esa situación se suma el cuestionamiento por las condiciones de transitabilidad y mantenimiento de una ruta que concentra un importante movimiento vehicular y que resulta fundamental para la conexión entre las localidades del interior bonaerense.
La decisión de acudir a la Justicia también refleja el creciente hartazgo de las comunidades, que consideran insuficientes las respuestas obtenidas hasta el momento.
En paralelo a la acción de amparo, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, junto con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), avanzará con un reclamo por la devolución de los importes cobrados indebidamente entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre.
La propuesta, si bien dependerá de cada usuario y su voluntad, es que esos fondos sean destinados al destacamento de Gowland de los Bomberos Voluntarios, como una forma de que el dinero percibido durante ese período tenga un destino en beneficio de la comunidad.
Mientras tanto, Vialidad Nacional dispuso retrotraer los valores de los peajes de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, luego de los fuertes incrementos que habían generado el rechazo de usuarios y autoridades locales.
La decisión de los intendentes de avanzar de manera conjunta ante la Justicia marca un nuevo capítulo en el conflicto por la Ruta Nacional 5. Esta vez, el reclamo deja de tener solamente a vecinos y usuarios como protagonistas: los gobiernos locales del corredor buscan actuar en bloque para exigir respuestas sobre el costo de circular y, fundamentalmente, sobre las condiciones de una infraestructura vial que consideran indispensable para el desarrollo de sus comunidades.
