A través de una resolución oficial, se puso en marcha un esquema que apunta a recortar el 20 % de la planta del organismo tecnológico. La medida, que rige hasta fines de mayo, se da en un contexto de fuerte tensión por el cierre de dependencias y el rechazo de sectores productivos y provinciales.
El Gobierno nacional oficializó la implementación de un nuevo “Sistema de Retiro Voluntario para el ejercicio 2026” destinado a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La medida, formalizada mediante la Resolución 144/2026 firmada por Nicolás Bronzovich, tiene como objetivo central reducir la planta actual de 5.900 empleados en aproximadamente 1.000 puestos, lo que representa un quinto del personal total del instituto.
El plan de retiros estará vigente, en principio, hasta el 31 de mayo, con la posibilidad de una prórroga única de 15 días. Según establece la normativa, el beneficio está dirigido exclusivamente al personal de planta permanente. Para incentivar la adhesión, el organismo puso a disposición un “simulador de cálculo” para que cada trabajador pueda estimar la gratificación correspondiente.
La compensación económica se calculará sobre la base de los haberes de enero de 2026, incluyendo un incremento salarial acumulado del 10,30 %. El esquema prevé el pago de 1,5 salarios brutos por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses.
No obstante, se establecieron topes según la edad: mientras que los menores de 60 años no tienen límite, quienes tengan entre 61 y 63 años recibirán un máximo de 24 salarios, y para los mayores de 64 años el tope será de 12 haberes.
Un clima de incertidumbre regional
Este nuevo intento de achique se produce tras el fracaso de una convocatoria similar en 2024, donde solo se registraron 300 adhesiones. Además, el proceso de reestructuración ya ha tenido capítulos conflictivos: en 2025 la Justicia frenó una serie de cesantías y, recientemente, en abril de este año, el Consejo Directivo del INTA avaló la eliminación de 14 dependencias distribuidas en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
La situación en Mercedes y otras zonas de influencia del INTA se sigue con atención, especialmente ante las críticas de funcionarios bonaerenses. El ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez, se refirió al proceso como un «desmantelamiento» y solicitó formalmente el traspaso de tierras del instituto a la órbita provincial para garantizar que se sigan destinando a la investigación y el desarrollo local.
Con este panorama, las próximas semanas serán claves para determinar el impacto real de la medida sobre las unidades de extensión y experimentación que brindan soporte técnico fundamental a los productores de nuestra región.
