Otro reclamo y van. Ahora es el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires el que destaca que en un contexto de retracción de la obra pública a nivel nacional, es necesario lanzar una dura advertencia sobre situaciones concretas en las que la falta de inversión y mantenimiento impacta directamente en la seguridad de la población.
“No se pueden dejar de mantener las rutas y caminos como no se pueden dejar de limpiar los cursos de agua”, enfatizó el presidente del CIPBA, Jorge Castellano, en una definición que lejos de ser abstracta, encuentra correlato en casos puntuales en todo el territorio provincial que hoy preocupan al sector profesional.
Es por ello que uno de ellos quedó formalmente plasmado en una nota elevada por el propio colegio a la Dirección Nacional de Vialidad, en la que se advierte sobre la situación crítica de la red vial nacional que no cumple con criterios básicos de seguridad vial.
El planteo, aducen, no es meramente técnico. El documento enumera una serie de accidentes fatales ocurridos durante 2025, con múltiples víctimas, lo que refuerza la urgencia de intervención. En ese marco, el colegio solicitó la adopción de medidas preventivas inmediatas y la priorización de obras dentro del futuro esquema de concesión del corredor, además de ofrecer su participación técnica en el desarrollo de soluciones.
El titular del colegio señaló que la Provincia de Buenos Aires intenta sostener parte de la actividad, como ocurre por ejemplo con el llamado a licitación para continuar la ejecución del túnel de la avenida Illia en San Justo, una obra clave para la conectividad del conurbano que había quedado paralizada y que ahora busca reactivarse con financiamiento provincial.
A esto se suman intervenciones de menor escala – cloacas, desagües pluviales, mantenimiento urbano – que, si bien no tienen la visibilidad de los grandes proyectos, resultan esenciales para garantizar condiciones básicas de habitabilidad. Sin embargo, incluso estas obras se ven condicionadas por un cambio profundo en el esquema de financiamiento: ante la falta de crédito, la Provincia recurre principalmente a fondos propios, lo que restringe el alcance de las inversiones. “La financiación es mucho más compleja y su alcance mucho más reducido”, advirtió Castellano. Desde el Colegio de Ingenieros, el mensaje es claro: la infraestructura no puede pensarse solo en términos presupuestarios. La falta de intervención tiene consecuencias concretas y medibles, muchas veces irreversibles.
En este contexto, la entidad no solo refuerza su rol técnico e institucional, sino que también advierte sobre los puntos críticos donde la falta de obras deja de ser un problema meramente económico para convertirse en una cuestión de seguridad pública que requiere una intervención urgente por parte de las autoridades. Desde el colegio pusieron el foco en la situación jurídica de las obras paralizadas – nacionales, provinciales y municipales -, detenidas por la falta de pago de certificados y de los fondos necesarios para su continuidad.
También señalaron que los organismos responsables han suspendido su ejecución mediante comunicaciones de escaso sustento legal, transfiriendo, ante cualquier eventual incidente, la responsabilidad civil a las empresas y sus aseguradoras, y la responsabilidad penal a los profesionales intervinientes.
Todo esto ocurre en obras que no pueden ser abandonadas formalmente y en las que, además, no se realizan tareas básicas de mantenimiento como señalización, bacheo o reparaciones. Frente a este escenario, la entidad solicitó que se regularice de manera urgente la situación particular de cada obra. Recordemos que recientemente se pararon los trabajos en la autovía Mercedes – Suipacha por falta de pagos y no hay voces oficiales que permitan salir de la incertidumbre.
